El Caracas Press Club denunció, a través de un comunicado difundido en su cuenta en Twitter, una serie de acciones en el caso del periodista Roland Carreño que traducen como violatorias a sus Derechos Humanos.
que en horas de la madrugada de este jueves 29 de octubre, el Tribunal Estadal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Jurisdicción Nacional y competencia en casos vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo le imputó los respectivos delitos y dictó privativa de libertad arbitrariamente en contra del periodista venezolano.
«Los delitos precalificados por este tribunal son financiamiento al terrorismo del artículo 53 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, tráfico ilícito de armas del artículo 38 de la misma ley y conspiración contra la forma política del artículo 132 del Código Penal» detalla la misiva pública.
El Club añade que la audiencia de presentación se celebró en un lapso mayor de las 48 horas, exigidas por la ley, luego de su detención arbitraria el día lunes 26 de octubre de las 5:30. Durante este tiempo, denuncian que Carreño estuvo desaparecido e incomunicado frente a sus familiares y abogados, mientras el Estado no ofreció respuesta ni de su ubicación ni condición física. A esta situación se acumuló el desconocimiento de los motivos de su detención.
«El caso de Carreño forma parte de un patrón sistemático en contra de los derechos de los periodistas y activistas políticos por parte del Estado Venezolano. La manipulación y “siembra” de pruebas falsas, así como la creación de un expediente penal sin sustento legal es una violación a sus derechos al debido proceso, libertad personal y libertad de expresión, el cual busca silenciar las voces disidentes y cerrar el espacio de debate público en Venezuela» precisó el comunicado.
En ese sentido Caracas Press Club denuncia las arbitrariedades en contra del periodista Ronald Carreño «y exigimos su liberación plena. Así mismo, exigimos a las autoridades responsables que investiguen y sancionen a los funcionarios responsables de esta situación violatoria de sus derechos humanos y garantice su no repetición».