Unas elecciones sin oposición, o con una “oposición a la medida”, eso es lo que quiere el chavismo, acusan quienes adversan al actual gobierno. Desde dirigentes hasta analistas políticos, aseguran que las sentencias del TSJ sobre tres de los partidos que integra el 4-G, responden a esa ‘estrategia’.
Pero, ¿realmente ha sido una estrategia asignar la dirección de los partidos opositores a grupos disidentes dentro de sus filas?, porque otra cara de la moneda señala que las militancias tienen el legítimo derecho a escoger y renovar a las autoridades internas, cosa que no estaba ocurriendo en Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, según denuncian quienes apelaron al TSJ.
Pero eso no es argumento para quienes se consideran las “autoridades legítimas”. Para ellos todo es una “farsa” y aseguran que las militancias no sólo no apoyarán a los disidentes, tampoco participarán en las elecciones, que son otra farsa.
Lo cierto del caso es que cada grupo se adjudica el apoyo de la militancia y, más allá de las palabras, sólo los hechos terminarán demostrando los efectos de las sentencias que dividieron los partidos.
Voluntad Popular
Daniel Orellana, coordinador de Voluntad Popular en el estado Lara, piensa de esa manera. Sostiene que las bases de la tolda naranja en el país siguen los lineamientos de Leopoldo López, quien no avala ningún proceso comicial sin verdaderas garantías.
Pero Alí Escalona, designado coordinador regional de VP tras la sentencia del TSJ, asegura que sí van a participar en las elecciones parlamentarias del próximo 6-D, porque la militancia está cansada de los “totalitarismos en los partidos”.
Alega que es momento de que surjan nuevos liderazgos, sin comprometer los intereses de los venezolanos. Así lo ha escuchado de la militancia y los jóvenes, durante recorridos por distintas parroquias de Lara.
Además Escalona recuerda “las falsas promesas de la alta dirigencia de los partidos, que solo velan por sus intereses personales”.
Acción Democrática
“En AD no hay divisiones”, afirma Rubén Morales, exdiputado del Consejo Legislativo del estado Lara y vocero de Bernabé Gutiérrez, designado por el TSJ como nueva autoridad de la tolda blanca y, por la tanto, la autoridad legítima, sentencia Morales.
Morales está convencido de que en las venideras elecciones puede conseguirse el triunfo, como ocurrió en 2015, y de esa manera nombrar nuevas autoridades de los poderes públicos, lo cual pudo hacer el actual Parlamento.
Pero Roberto Sánchez, secretario general de AD-Lara de la gestión de Henry Ramos Allup, asegura que participar sería hacerle la comparsa a la administración de Nicolás Maduro.
Para él no hay garantías electorales, y así justifica el por qué dentro de los partidos no se hacen elecciones.
Sánchez asegura que la militancia fuerte del partido más tradicional del país, se mantendrá fiel a los lineamientos del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).
Primero Justicia
Alexis Lamazares es el encargado de conducir la tolda aurinegra en Lara, luego de la sentencia judicial, y declaró a El Informador que la nueva directiva y su militancia participaran en las elecciones del 6-D.
“Nuestro partido se relanza con una estructura organizada en cada una las regiones”, explica Lamazares, para quien la militancia en Lara estaba “desguarnecida y desamparada”, y esa fue la razón por la cual “hemos decidido (…) para darle voz a la gente que no ha sido escuchada por la dirigencia política”.
Ibrahim Querales, exconsejal de Iribarren y militante del PJ que sigue a Julio Borges, cuenta que ha recibido llamada de los “alacranes”, para formar parte de la nueva estructura y ser nombrado candidato a las elecciones del 6-D.
“La realidad es que no tienen gente, porque la militancia de Primero Justicia está convencida de que asistir a elecciones sin condiciones, es darle legitimidad a un gobierno que carece de respaldo internacional y constitucional”.
Querales afirma que dentro de las filas de PJ, están conscientes de que participar sería reeditar lo ocurrido en las elecciones del 2018, donde los ganadores serían los del oficialismo.
Garantías electorales
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