El gobierno argentino analizaba el martes la situación de los seis venezolanos asilados en su embajada en Caracas luego de que el gobierno de Nicolás Maduro emplazó al personal diplomático a dejar el país en 72 horas, medida que también aplicó a otras seis naciones de la región.
A su vez la cancillería argentina repudió en un comunicado “el hostigamiento de la que es objeto su sede diplomática… a partir de la decisión del “régimen de Maduro de interrumpir el suministro eléctrico” y advirtió al gobierno de Venezuela “sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano indicó la víspera que el pedido obedece a “las injerencistas acciones” del gobierno del presidente argentino Javier Milei a la hora “de desconocer los resultados electorales” de los comicios del domingo en los que, según en Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro obtuvo la reelección, un resultado desconocido por la oposición y varios países.
El portavoz presidencial argentino Manuel Adorni dijo sobre la situación de los opositores asilados —colaboradores de la campaña electoral de la líder opositora María Corina Machado y del candidato Edmundo González— que “de acuerdo con la Convención de Caracas cuando se retiran los diplomáticos deben retirarse los asilados” y que “no hay otra decisión que seguir protegiéndolos”.
Agregó que “con ellos estamos evaluando minuto a minuto cómo se desenvuelven los hechos y qué solución encontramos a esto”.
El martes uno de los asilados, Pedro Urruchurtu, publicó en su cuenta de X, antes Twitter, que “funcionarios de Corpoelec (la compañía estatal de electricidad) acaban de cortar el suministro eléctrico en la residencia de la embajada de Argentina en Caracas, donde nos encontramos los 6 asilados”.
Según Maduro y sus aliados los opositores asilados estarían vinculados con una presunta trama para generar violencia de la que no ha presentado pruebas.
En marzo la Fiscalía General de Venezuela ordenó la aprehensión de nueve opositores, entre ellos la exjefa de campaña y mano derecha de Machado y otros militantes de Vente Venezuela, la organización política fundada por la exlegisladora.
El gobierno venezolano no se ha pronunciado sobre si concederá los salvoconductos necesarios para que puedan salir del país cuando se retire el personal diplomático de Argentina, pero Machado indicó en una rueda de prensa el lunes —en la que insistió en la victoria de la oposición— que había miembros de la fuerza pública de Venezuela apostados a las afueras de la embajada y que temía que pudieran incursionar en la sede para detener a los seis opositores.
A raíz de la presencia de uniformados venezolanos frente a la residencia del embajador argentino, la canciller argentina Diana Mondino se pronunció la víspera en una entrevista al medio La Nación y descartó que fueran a entrar por la fuerza.
“No va a ocurrir un asalto, porque sería tan exagerado”, apuntó. Si llegan a entrar, cuestionó Mondino, “sería un verdadero disparate porque no están cumpliendo de ninguna manera con las convenciones internacionales”.
AC