Desde el difunto presidente Chávez hasta la fecha, los procesos electorales en Venezuela se han visto marcados por dos aspectos fundamentales, a saber: 1. La forma en la que se realizan y 2. La validez con la que se ejecutan.
Esto ha llevado a que diversos estudiosos del entorno político y electoral, evaluemos la legalidad y legitimidad de los mismos por medio de diversas variables y entre ellas, la abstención, que no debe entenderse más como un «indicador» o «unidad de medida» para evaluar al proceso previo al acto electoral (mirar hacías atrás y ver que llevó a que esta variable se posicione dentro de los resultados).
Si bien es cierto, las campañas electorales traen implícito el tema del «mensaje político» no hay que obviar el interés técnico, real o circunstancial al momento de generar matrices de opinión que concreten un interés, es decir, lo que realmente se dice y se quiere lograr en acción a través del elector meta.
En el caso venezolano, los vicios de legalidad cuestionan la legitimidad del acto como tal, pero ante esto, los actores políticos opositores han encontrado en esta estrategia de «llamado y no llamado al voto». Una forma de dudar sobre la legitimidad al justificar que la «variable abstención» sea la que suponga que no hay validación total o parcial de la población electoral, es decir, la muestra resulta insuficiente para legitimar aunque legalmente si (esto es propio de nuestro sistema electoral).
El efecto del llamado a no votar ha tendido dos consecuencias históricamente reales, 1) perdida de espacios por el sector convocante y 2) ampliación de espacios por parte del gobierno; pero lo que no se ha alcanzado en ambos casos es que la legitimidad debilite y fraccione al gobierno y en el peor de los casos se pierda el poder, siendo éste último el único importante para el sector oficial.
Ahora bien, frente al nuevo proceso electoral la oposición evoca los errores de abstenerse y considera importante la participación ciudadana en el proceso, sin considerar que el contexto presenta una serie de elementos diferentes a los anteriores y es que: una presidencia interina nula de acción, una popularidad política opositora imperceptible, una alineación internacional selectiva que parece coquetear más hacia el reacomodo de todos y no la exclusión definitiva de aquello que represente un peligro geopolítico internacional, ausencia de liderazgos que representen el sentir social real y, entre otras cosas más, la legitimidad política de los actores políticos frente a un gobierno que se ha tildado con todos los antónimos posibles cuando se analiza su matiz democrático.
¿Qué puede pasar? Considero varios efectos, pero los más importantes a la fecha de hoy serían que, por la desconexión discursiva de los opositores frente a su elector meta y real, 1) se incida en la participación de estos frente al acto de asistir a votar, es decir, no hay mayor participación, puede haber mayor abstención y la legitimidad política una vez más se cuestiona, 2) parte de la población y líderes sociales y políticos minoritarios persistan en la idea de no validar representaciones utópicas vestidas de «oposición«, esto se traduce en un quiebre progresivo de la oposición y la crisis de liderazgo persiste en este ámbito de la población y, 3) se concrete una COHABITACION más formal de opositores y oficialistas solo para preservar su permanencia dentro del sistema mientras el gobierno avanza hacia su plan macro de país, lo que significa que los cambios reales que la sociedad aspira solo serán posibles con el modelo de gestión definido por el gobierno oficialista, es decir, no veremos mayores cambios más allá de un maquillaje en algunas regiones para seguir creando sensaciones de cambio, libertad, democracia, eficiencia y más.
Lelimar Narváez, es politólogo y docente universitaria
Foto: Archivo El Informador Venezuela