De acuerdo con un comunicado emitido por el Comité Ejecutivo Seccional (CES) de Acción Democrática en el Estado Lara (AD-Gutiérrez), rubricado con la firma del abogado Pedro Morles, fueron algunos de los directivos de dicha organización política, entre ellos él mismo, quienes resultaron agredidos durante su presencia en “La Pochocha”, la casa central de la tolda blanca en esta entidad federal, en las primeras horas de la noche del pasado viernes 27 de este mes.
Ello ocurrió cuando los referidos directivos de AD-Gutiérrez trataron de tomar posesión, “pacífica y legalmente”, el referido inmueble, “acorde con la ley y en cumplimiento del mandato” del Tribunal Supremo de Justicia.
En el comunicado en cuestión, hecho llegar hasta nuestras oficinas de redacción, sin embargo, no se ofrecen muchos detalles en torno a lo ocurrido en tales momentos.
Por ejemplo, se indica allí que Morles Colmenárez “fue brutalmente atacado en su integridad física al igual que un secretario político del CES y otros miembros, por parte de quienes hoy ocupan espacios y cuya única arma es la violencia, en flagrante violación de un mandato del máximo tribunal”.
Pero no se especifica cómo ni de qué magnitud fue ese “ataque” tanto contra Morles Colmenárez como contra “un secretario político del CES”, cuyo nombre tampoco se señala, ni contra otros miembros.
Tampoco se explica en dicho comunicado si los agredidos sufrieron algún tipo de lesión, ni de qué magnitud.
Deterioro
Se denuncia en el mismo documento que “se pudo constatar el estado de deterioro en que el inmueble se encuentra” y que, allí, había “personal interno con ingesta de licor”, y agrega que tales hechos fueron denunciados en esa misma noche por ante el CICPC.
Igualmente afirma el comunicado que “también denunciamos el tener conocimiento que fraudulentamente se han dado a la tarea de tratar de intentar trasladar bienes de propiedad de la Casa del Pueblo a particulares, con los nefastos fines de seguir administrándola a beneficio personal y en exclusión de la militancia que goza del legítimo derecho”.
“Comunicamos” –prosigue el escrito— “que estamos ante la presencia de un delito, pues existe un desacato de una sentencia emanada desde el máximo tribunal, al igual que una pretendida usurpación de funciones, uso de los símbolos y simulación de hecho punible”.
Y finaliza aseverando que “quienes en forma reiterada han violado los derechos de la acreditada militancia pretenden hacer ver ante la opinión pública que, de nuestro lado, hubo una toma violenta, cuando lo único que huibo fue el legal y legítimo ejercicio de las facultades que, por ley, corresponden al ciudadano Pedro Morles, por orden emitida a través del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela”
.