El domingo 29 de diciembre se cumplieron seis meses de la muerte del capitán de corbeta de la Armada Rafael Acosta Arévalo, quien fue víctima de torturas mientra estuvo retenido por la inteligencia militar del gobierno venezolano. Aunque dos funcionarios fueron sentenciados por el caso, la defensa del militar asegura que no ha habido justicia plena.
Acosta Arévalo fue apresado el pasado 22 de junio por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Lo involucraban en el atentado contra Nicolás Maduro, cometido dos días después.
Días más tarde, Arévalo fue presentado en el tribunal militar tercero de control donde, de acuerdo con sus abogados, llegó en silla de ruedas ya que no podía sostenerse en pie debido a los intensos dolores, con el cuerpo repleto de escoriaciones, las uñas con restos de sangre y los ojos morados, publica Tal Cual.
El ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino, confirmó en un comunicado que Acosta había sido llevado el viernes ante un juez militar en Fuerte Tiuna, donde «antes de iniciar la respectiva audiencia de presentación, se desmayó«.
«El juez ordenó su traslado inmediato al hospital militar Dr. Vicente Salías, donde a pesar de brindársele la debida atención médica, falleció», aseguró Padrino.
El Gobierno venezolano explicó que había solicitado al fiscal general, Tarek William Saab, «una completa y exhaustiva investigación para esclarecer este lamentable suceso».
Pero, desde la posición de la defensa de Arévalo, el gobierno todavía no ha informado sobre las causas que motivaron el deceso.
El pasado 24 de septiembre, el abogado y defensor de los derechos humanos Alonso Medina Roa, anunció que el teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento segundo Estiben José Zarate, vinculados con la muerte del capitán Acosta Arévalo, fueron condenados a seis años y ocho meses de prisión.
Pero tanto la defensa de Arévalo como organizaciones por los derechos humanos, denuncian que la sentencia no establece responsabilidades directas relacionadas a la tortura y tratos crueles que sufrió el occiso y además estimula el uso de la tortura por parte de organismos policiales y militares.
La esposa del capitán de la Armada, Waleska Pérez, cree algo similar. Para ella, con la muerte de su marido, el gobierno consiguió su objetivo: «que la gente en los cuarteles agarre más miedo«.
El periodista Eligio Rojas compartió el informe a través de las redes sociales donde se evidencia que la causa del fallecimiento fue un “edema cerebral severo debido a insuficiencia respiratoria aguda debido a tromboembolismo pulmonar debido a rabdomiólisis por politraumatismo generalizado”.