La pretensión de imponer leyes que criminalicen el trabajo de las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales representan una amenaza a la libertad de asociación, una reducción del espacio cívico y un empeoramiento de las condiciones de funcionamiento de las diferentes organizaciones en las que trabajan en atención a los más vulnerables.
El plan aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN), tiene 24 artículos que han generado reacciones en contra de organizaciones de amplia trayectoria en Venezuela, como Provea y Sinergia.
En el proyecto se establecen conceptos que pueden profundizar una línea de criminalización de la actuación de las organizaciones en cuanto al manejo de recursos así como al intercambio de relaciones con elementos de la cooperación internacional
Varias leyes e instrumentos legales han ido imponiendo la actuación de las organizaciones de la sociedad civil, y como ya lo alertan las ONG el proyecto de ley de cooperación internacional se convierte en una ‘vuelta más en ese lazo al cuello’.
“Si se aprueba tal como está redactada en este momento, eso significaría colocarnos a muchas al margen de la ilegalidad”, señala Rafael Uzcátegui, coordinador de Provea.
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Fuente: Contra Punto