La ONG de Derechos Humanos, Provea, indicó este lunes que el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en Venezuela discriminan a las víctimas de abusos contra los Derechos Humanos, a raíz de los recientes anuncios de la fiscalía donde en apenas cuatro días, resolvieron un crimen de funcionarios de las FAES contra Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres, trabajadores de la televisora Guacamaya TV en el estado Zulia.
Provea cita el caso ocurrido hace dos meses en el sector El Limón, donde murieron cinco personas en un presunto operativo del mismo organismo policial, una de las víctimas era escolta de la ministra Iris Valera, quien denunció lo ocurrido y exigió una investigación. 48 horas después de los hechos, los presuntos responsables estaban detenidos.
«En los dos casos hay un elemento común: las víctimas estaban vinculadas al proyecto político oficial», señala el comunicado en su página web.
«Muy distinta es la actuación cuando las víctimas no tienen “padrino político”. En primer lugar, se asume como cierta la versión policial de que se produjo un enfrentamiento y, en consecuencia, el Ministerio Público no actúa. Son miles las familias que desean tener la misma suerte de contar con el derecho a una investigación para esclarecer los hechos y sancionar a los posibles responsables de ejecuciones extrajudiciales«.
Provea.
La ONG agregó que la versión presentada por las FAES en esos dos casos, donde reportaban «enfrentamientos», es igual en casi la totalidad de hechos en los cuales, «no sólo este componente de la Policía Nacional realiza ejecuciones, sino también cuando están involucrados otros organismos policiales», dicen.
La organización defensora de los Derechos Humanos, insiste en que desde 2010, más de 27.000 personas han sido asesinadas por organismos policiales y militares en Venezuela. La casi totalidad de asesinatos son presentados como muertes por “resistencia a la autoridad” y, por lo tanto, se impone la versión que asegura que los funcionarios actuaron en el marco de la ley y en legítima defensa.
«El silencio de Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo impuesto por la fraudulenta asamblea nacional constituyente, cuesta vidas. Es él quien debería alzar la voz para exigir el fin de la elevada letalidad policial y militar en el país y ejercer acciones ante el Ministerio Público para que se adelanten las investigaciones y se haga justicia, pero prefiere voltear la mirada y propiciar con sus omisiones que las violaciones sigan ocurriendo», añaden.
Provea señala a Tarek William Saab, el Fiscal General también impuesto por la ANC, que «actúa en muy pocos casos y, como hemos indicado, solo cuando se trata de situaciones en las que, de manera directa o indirecta, están afectados los intereses del gobierno de Maduro. Para el resto de las victimas impera la ausencia de justicia».
Reseña el escrito que los familiares de las víctimas de ejecuciones policiales «se están organizando» para que las investigaciones avanzan como deberían. «Se constituyó la organización Orfavideh, que durante el mes de agosto ha venido desarrollando una campaña de denuncia y exigencias al Ministerio Público para que se investiguen y se sancionen a los responsables de los asesinatos cometidos por la fuerza pública».
E. De Sousa
Foto: Provea