El pasado miércoles 30 de octubre el senado francés propuso una resolución donde pide que Francia se sume a Colombia, Argentina, Canadá, Chile, Paraguay y Perú, en la demanda ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), por violaciones de los derechos humanos por parte del estado venezolano.
El objetivo de la resolución es, en primer lugar, que se preste atención a los fondos procedentes de Venezuela y se apliquen las sanciones a los responsables y a sus allegados señalados por la Unión Europea. También que París vigile los posibles vínculos del dinero procedente de Venezuela con actividades de narcotráfico y/o terroristas.
Por parte del Gobierno, la secretaria de Estado de Asuntos Europeos, Amélie de Montchalin, dijo estar de acuerdo con el análisis de la situación que se hace y con la necesidad de “ejercer presión sobre las autoridades venezolanas actuales”.