Elizabeth Dávila H.- En la Gaceta Oficial 6.419 del 28 de diciembre de 2018 se publicó el decreto 3.708 que extiende por dos años más la inamovilidad laboral en Venezuela, al expirar el anterior decreto 2.158, publicado en la Gaceta 6.207 del 28 de diciembre de 2015 que había establecido la inamovilidad laboral por tres años (2016, 2017 y 2018).
Al anunciar la decisión, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, indicó que la inamovilidad laboral se extiende ahora a los años 2019 y 2020 para brindar estabilidad y certidumbre a los empleados en el marco de los ataques a la economía del país. Rodríguez especificó que la medida se toma “en el marco de la línea fundamental de defensa y protección de los trabajadores” que adelanta el Gobierno con sus más recientes anuncios económicos.
El decreto de inamovilidad laboral prohíbe a las empresas hacer despidos sin antes pasar por un largo y costoso proceso y fue instaurada en abril del año 2002 por el fallecido presidente Hugo Chávez.
Pero esto no ha impedido que la tasa de desempleo aumente en los últimos años ya que, según cifras del Fondo Monetario Internacional dicho indicador pasó de estar en 7,99% en 2014 a 14,02% en 2015, subió a 18,1% en 2016, ascendió a 25,3% en 2017 y cerrará en 33,3% en 2018, tomando en cuenta que en el país no se manejan cifras oficiales públicas al respecto. Proyectan que la cifra subirá a 39% en 2019.
Fedecámaras, principal organización de gremios empresariales en el país, reiteradamente ha señalado que el decreto constituye “un grave problema” para las empresas y atenta contra la productividad. Sin embargo, ante esta prórroga no hubo un pronunciamiento inmediato.
La decisión de extender el decreto ocurre además en medio de la severa crisis económica que atraviesa Venezuela, y que se expresa en escasez, hiperinflación y la marcada caída del Producto Interno Bruto (PIB), que se contrajo 53 % desde 2013, según cálculos de la Asamblea Nacional.
Maduro lanzó un programa económico el pasado mes de agosto para intentar atajar la crisis, pero el plan fue criticado por empresarios, opositores y expertos que lo señalaron de incompleto e impertinente, así como de alimentar la hiperinflación.
Por su parte, el coordinador de investigación del programa venezolano de educación, acción en derechos humanos (Provea), Inti Rodríguez, lejos de avalar la protección del gobierno denunció el recrudecimiento de la persecución y la represión contra movimientos de trabajadores y detención de líderes laborales.
Afirmó que “lo más grave es el desconocimiento de las convenciones colectivas, de las reivindicaciones históricas de los trabajadores y cuando estos salen a las calles a reclamar la respuesta es la persecución, la represión o el sometimiento de forma ilegal a la justicia militar”.