“En una operación financiera lesiva al patrimonio de la Republica, la dictadura de Nicolás Maduro proyecta liquidar los activos de la Corporación Venezolana Agraria del Azúcar (C.V.A), que está quebrada, entregándolos a precio de gallina flaca a testaferros de altos funcionarios del régimen”, denunció el diputado Guillermo Palacios, miembro de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
Entre los centrales se encuentra el Central Azucarero Cazta (Central Azucarero del Táchira) el cual pasaría a manos de unas personas allegadas a la Ministra Iris Valera; el Central Santa Elena del Guárico seria adjudicado a empresas relacionadas con la Gobernación del estado y el Central Pío Tamayo de El Tocuyo, en el estado Lara, sería entregado a un consorcio liderado presuntamente por una empresa denominada VIALCA, siendo la misma del área de la construcción del estado Guárico, según nota de prensa.
Dijo el parlamentario que “ya estos resultados gerenciales fracasados y corruptos se venían advirtiendo, incluso por informes oficiales y de la ONG Transparencia Venezuela, en donde se señalaban las irregularidades que denunciaban los propios trabajadores y productores de la caña quienes se sentían seriamente perjudicados por estos graves hechos de corrupción que fueron liquidando tanto a la Corporación Venezolana Agraria del Azúcar como a los centrales afiliados, los cuales hoy en día no están produciendo sino pérdidas, porque la caña ha entrado a ser un rubro, como casi toda la agricultura, en proceso de extinción en nuestra Venezuela.
En tal sentido, pueblo sufre las consecuencias de una política importadora que asfixia las economías de la gente que no tiene poder adquisitivo para adquirir los productos de la cesta básica, entre estos el azúcar. Pero además esto conspira contra los derechos de los trabajadores que en plena pandemia van a ser despedidos con la consecuente pérdida de beneficios laborales.
Ante esa situación, ”creemos que se impone una investigación para precisar los alcances de esta operación y los procedimientos utilizados para la adjudicación y venta de estos importantes activos de la República, que sin lugar a dudas, de ser como lo han planteado, es otro hecho de corrupción sumamente grave y el cual plantearemos próximamente en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional”.
Foto: archivo El Informador