El fiscal general, Tarek William Saab, presentó este 23-S el informe que llamó La Verdad de Venezuela, realizado «en el terreno» por organismos y organizaciones de derechos humanos del país, en respuesta al informe de la Comisión de Determinación de los Hechos, presentado en la jornada ante el Consejo de DDHH de la ONU.
En rueda de prensa televisada en cadena, Saab, junto al canciller Jorge Arreaza y el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, aseguró que que el informe de la comisión independiente tiene el objetivo de «dinamitar e implosionar el trabajo que hace la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas».
En tal sentido, dijo que «la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, tiene todas estas informaciones porque las han trabajado con nosotros», al referirse a los casos en los que el Estado venezolano ha actuado y cuya versión dista de la planteada por la Comisión de Verificación.
Por su parte, el canciller Jorge Arreaza, criticó el uso como arma política del tema de los derechos humanos, asegurando que las protestas de 2014 y 2017 pretendían tomar el poder por la fuerza.
Defendió el informe La Verdad sobre Venezuela que presentarán al presidente Nicolás Maduro y a la alta comisionada Michelle Bachelet, y fustigó su contraparte porque, a su juicio, carece de rigor y Venezuela no le puede dar validez en tanto es una resolución respaldada por países que no reconocen la administración Maduro.
«El 85 por ciento de las fuentes que utilizó esta misión son secundarias, no son los testigos, ni los familiares, sino redes sociales, medios informativos digitales y apenas el 15 por ciento es información válida».
Cifras
Saab mostró las siguientes cifras en torno a las actuaciones judiciales del Estado venezolano:
- 638 imputados por violaciones a los derechos humanos: 603 son funcionarios de seguridad del Estado y 35 civiles implicados como colaboradores.
- 452 funcionarios aprehendidos de distintos organismos y 24 particulares, para un total de 476 privados de libertad.
- 811 funcionarios acusados y 129 civiles para un total de 940 acusados.
- 127 funcionarios más han sido ya sancionados, además de 13 civiles, para un total de 140.
Arreaza aseguró en Venezuela «se ha investigado cualquier exceso que hayan podido cometer funcionarios durante el cumplimiento de sus funciones. Le pido a los medios de comunicación rigurosidad en el tratamiento de las informaciones».
Explicó que «la representación de la ONU que vela por los derechos humanos se encuentra en Venezuela y ha incrementado su presencia en el país. Mantenemos cooperación y comunicación constante con ellos».
El defensor del pueblo, Alfredo Ruíz, criticó el informe porque «viene a presentar que valen más los derechos humanos de algunas personas sobre otras. No dice nada sobre quiénes planificaron los asesinatos y ataques contra funcionarios militares en protestas o manifestaciones».
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Y tener como esclavos a miles de trabajadores, empleados públicos con un salarios mínimo de menos de un dólar. que no alcanza para las necesidades básicas no es un violación a los derechos humanos? o ir a un hospital a que te atiendan por alguna dolencia y que te rechacen porque no hay insumos de ninguna clase y que no puedas protestar de ninguna manera porque te caen a palos y vas preso. y que no tengas derecho a servicios públicos básicos como el agua, la electricidad, el gas y el transporte, Acaso todo eso no es violar los derechos humanos?