El gobierno venezolano ofreció discretamente el año pasado liberar a estadounidenses presos a cambio de que Washington dejara en libertad a un financista crucial del presidente Nicolás Maduro, según personas al tanto de la propuesta e intercambios de mensajes a los que The Associated Press tuvo acceso.
La oferta se discutió en la Ciudad de México durante una reunión en septiembre de 2020 entre un colaborador de Maduro y Richard Grenell, un aliado cercano del entonces presidente Donald Trump, dijo uno de los organizadores del encuentro.
La oferta, que fue rechazada por el gobierno de Trump, ha adquirido nueva relevancia tras la extradición a Miami días atrás del empresario Alex Saab, que según los fiscales estadounidenses era el canal principal de corrupción en el círculo íntimo de Maduro. En represalia, Venezuela volvió a encarcelar a seis directivos de Citgo — una subsidiaria de la petrolera estatal venezolana PDVSA con sede en Houston — que se encontraban bajo arresto domiciliario.
Hace poco más de un año, el gobierno de Maduro parecía dispuesto a liberar a los seis ejecutivos de Citgo junto con dos ex boinas verdes vinculados con un intento fallido de incursión a través de la frontera, a cambio de Saab, según el exlegislador de Miami David Rivera, quien dijo que ayudó a organizar el encuentro.
Grenell no quiso revelar los temas que se tocaron durante la reunión de septiembre de 2020, pero negó rotundamente que tuviera que ver con negociaciones sobre rehenes.
“Jamás discutí un intercambio. No era algo que nos interesara ni materia de negociación, jamás”, dijo en un breve comunicado. “El propósito de la reunión era claro para todos los participantes en la negociación”.
Sin embargo, el interés de Venezuela en negociar la libertad de Saab fue corroborado por otra persona con conocimiento de la propuesta que habló bajo condición de anonimato para poder discutir el ejercicio diplomático privado. La AP también tuvo acceso a los mensajes de texto que se enviaron poco después de la reunión entre algunos de los organizadores —pero no Grenell— en los que se discuten los pasos siguientes para lograr un acuerdo por la libertad de los presos estadounidenses.
El relato de Rivera genera nuevas preguntas sobre la naturaleza y el alcance de la diplomacia secreta. Probablemente generará nuevas presiones sobre el gobierno del presidente Joe Biden, quien ha sido criticado por no hacer lo suficiente para lograr la libertad de los estadounidenses detenidos en el exterior, para que busque llegar a un acuerdo con Maduro sobre intercambio de prisioneros, algo a lo que se resiste hasta el momento.
Entre los nuevos detalles que han surgido: Grenell estuvo acompañado en Ciudad de México por Erik Prince, el fundador de la controvertida empresa de seguridad Blackwater y cuya hermana, Betsy DeVos, fue secretaria de Educación de Trump.
Según Rivera, el que lo invitó a sumarse a las gestiones fue Raúl Gorrín, un empresario venezolano que estuvo intentando zanjar las diferencias entre Estados Unidos y Maduro antes de que fuera acusado de cargos de sobornar a altos funcionarios de Maduro. Rivera, un republicano que duró un periodo en el Congreso, dijo que participó como traductor en conferencias telefónicas a través del servicio de mensajes Wickr, antes de la reunión en la que Gorrín dijo a Prince que Maduro estaba dispuesto a intercambiar a los estadounidenses por Saab.
“Gorrín en español y yo en inglés le dejamos perfecta y reiteradamente en claro a Prince que el objetivo de la reunión era discutir la libertad de los estadounidenses a cambio de Saab», dijo Rivera.
Saab había sido arrestado meses antes en Cabo Verde cuando se dirigía a Irán y peleaba con uñas y dientes contra la extradición a Estados Unidos. Tuvo la colaboración del gobierno de Maduro, que considera al discreto empresario nacido en Colombia un enviado diplomático y poseedor de secretos de Estado que, de salir a la luz, pondrían en riesgo la seguridad nacional de Venezuela.
Según Rivera, después de varias llamadas Prince organizó que él y Grenell se reunieran en México con Jorge Rodríguez, un alto asesor de Maduro y ahora presidente del Congreso. En 2019, Prince viajó a Caracas para reunirse con la hermana de Rodríguez, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, consolidando su papel como uno de los escasos interlocutores estadounidenses con el aislado gobierno de Maduro.
Rivera dijo que él también debía asistir a la reunión, pero se demoró al hacer una conexión en Houston. Cuando arribó a la capital mexicana, la reunión en el hotel Westin ya había fracasado ante la insistencia de Grenell de que cualquier intercambio de prisioneros incluyera un plan de salida para Maduro, señaló Rivera.
En una llamada posterior, Prince le dijo a Gorrín que “para el gobierno de Trump, los 6 de Citgo simplemente no tenían valor suficiente para ser canjeados por Saab”, detalló Rivera.
No está claro si el gobierno de Trump llegó a considerar la oferta de Maduro. El viaje a Ciudad de México sorprendió a algunos altos funcionarios del gobierno de Trump, que se enteraron a través de la prensa y temían que atentara contra los intentos de socavar a Maduro mediante las sanciones y las investigaciones sobre corrupción.
A diferencia de otros canjes de prisioneros con gobiernos hostiles, desde Cuba hasta Irán, Saab aún no ha sido juzgado por sus presuntos delitos. Además, su arresto fue el resultado de años de esfuerzos de la policía estadounidense, aplaudidos por sectores el ala dura de la política exterior y por exiliados venezolanos influyentes en Florida para quienes Saab —el arquitecto de las gestiones para evadir las sanciones estadounidenses— era un trofeo demasiado valioso para entregarlo antes de que lo condenara la justicia estadounidense.
“De ninguna manera íbamos a intercambiar a Saab. Grenell y los demás no tenían ninguna autoridad para ofrecer eso”, dijo Elliott Abrams, quien fungió como representante especial de Estados Unidos para Venezuela durante la presidencia de Trump. “Las labores para detener y juzgar a Saab fueron un esfuerzo interdepartamental de todas las ramas del gobierno. Estos freelancers no representaban a nadie más que a ellos mismos».
Rodríguez y Prince no respondieron de momento a solicitudes de comentarios. Un funcionario del gobierno estadounidense dijo a la AP que el Departamento de Estado “no está en posición para comentar sobre reportes de deliberaciones de un gobierno anterior”.
Rivera dijo que decidió involucrarse en el intercambio de prisioneros porque creía que Gorrín había desempeñado un papel positivo por debajo de la mesa para garantizar la excarcelación del más reconocido activista antigubernamental de Venezuela, Leopoldo López. También conocía a algunos de los ejecutivos de Citgo que están encarcelados de cuando trabajaba como asesor para otra subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos.
Esa labor, por la que Rivera recibiría un pago de 50 millones de dólares, es la base de una demanda presentada por opositores de Maduro, que ahora dirigen Citgo y otras operaciones de PDVSA en Estados Unidos. Aseguran que Rivera nunca realizó trabajo significativo. Rivera, quien ha sido objeto en ocasiones anteriores de investigaciones estatales y federales por acuerdos indebidos de campaña, presentó una contrademanda por supuesto incumplimiento de contrato.
Sin importar la magnitud de las negociaciones privadas del gobierno de Trump con Maduro, los familiares de los nueve estadounidenses que están encarcelados en Caracas han perdido algunas esperanzas sobre la posibilidad de que el gobierno de Biden llegue a un acuerdo.
A diferencia de Trump, quien recibía con cierta regularidad a exprisioneros estadounidenses en la Casa Blanca y cuya política exterior poco convencional impulsó las negociaciones informales de rehenes, el gobierno de Biden se ha quedado muy corto hasta el momento en cuanto a la liberación de detenidos.
“Señor presidente, estamos frustrados por la falta de acción por parte de su gobierno”, escribieron los familiares en una carta dirigida a Biden este mes. “Las personas a cargo de proteger y regresar a los estadounidenses detenidos injustamente ni siquiera han dado el primer paso básico de involucrarse directamente con los venezolanos que mantienen cautivos a nuestros seres queridos”.
La falta de urgencia es particularmente frustrante para la familia de José Pereira, el expresidente de Citgo, quien durante el fin de semana tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica privada en Caracas para ser atendido por un padecimiento cardíaco que, según su familia, ha empeorado desde su detención hace cuatro años.
Pereira y los otros ejecutivos de Citgo fueron sentenciados el año pasado a largas condenas en prisión por un plan que nunca fue llevado a cabo para refinanciar miles de millones de dólares en bonos de la compañía petrolera. Permanecen detenidos en la infame prisión Helicoide de Caracas, junto con dos ex boinas verdes — Mar Denman y Airan Berry — quienes fueron arrestados por su participación en un confuso complot para derrocar a Maduro. El ex infante de Marina Matthew Heath también se encuentra en prisión por cargos relacionados con armas.
El exgobernador de Nuevo México, Bill Richardson, un experimentado negociador de rehenes que ha viajado a Caracas para tratar de conseguir la liberación de los prisioneros estadounidenses, dijo que los nuevos detalles sobre el encuentro en Ciudad de México deben servir como una llamada de atención.
“Mi participación y discusiones con los venezolanos y con Maduro a nombre de los familiares de los prisioneros estadounidenses me lleva a creer que Maduro está interesado en negociar su liberación”, declaró. “Creo que el gobierno de Biden debería tocar el tema con una mente abierta”. AP