Representantes sindicales y un grupo de trabajadores de la administración pública protestaron este miércoles 10-N frente a la Gobernación del estado Lara para reclamar el dinero de las cinco cajas de ahorro.
Dichas contribuciones fueron suspendidas en agosto pasado cuando las nóminas se centralización y pasaron a la plataforma Patria, expresó Evelin Acacio, presidenta de la caja de ahorro de obreros educacionales,
La situación es muy grave -dijo- porque ese retraso significa una “sentencia de muerte” para las cajas de ahorro. En el estado Lara son afectadas 25 mil trabajadores.
Julián Leal, tesorero de la caja de ahorros de Maestros del estado Lara, añadió que de no recibir respuesta satisfactoria solicitaran un amparo ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Describió que agotaron todas las instancias administrativas, en la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) o Sistema de pagro patria, les dijeron que la Gobernación es el único ente que puede ordenar el pago. Sin embargo, la directora de Recursos Humano así en la dirección de Presupuesto dicen que desconocen el procedimiento.
Consecuencia de esa situación, las operatividad de las cajas de ahorro se ve limitada, porque las fuentes de ingreso son los aportes del empleados y del patrono, explicó.
“Es lamentable” –dijo- porque debido a la situación económica del país, las cajas de ahorro se han convertido en auxiliar del presupuesto del trabajador. Por tanto, urge una respuesta de parte de la Gobernación, insistió.
Entretanto, Rafael Bastidas, directivo de Sinvemal responsabilizó a Adolfo Pereira, gobernador encargado, de la retención del din ero de los trabajadores quienes exigen que sea depositado en las cajas de ahorro.
En el sitio estuvieron presentes otros directivos de cajas de ahorros, entre ellos adscritos a la Gobernación, Yasmira Castillo, Nancy Aguilar (Catrasalud) Julio Rojas por de la Policía de Lara.
Silencio absoluto
Omar Agüero, secretario ejecutivo del Sindicato de Empleados del Públicos del Ejecutivo del Estado Lara (Sepeel), cuestiona el “silencio gubernamental”, ante la gravedad del problema. Refirió que a 6028 trabajadores de salud les adeudan además, la firma de la normativa laboral firmada hace cinco meses.
A su juicio, en la Gobernación el gran ausente es el trabajador porque nadie responde a sus solicitudes. Como tampoco responde otras instancias como la Inspectoría del Trabajo, la Contraloría de Lara, la Defensoría del Pueblo.