Un juez peruano ordenó abrir un juicio oral contra Ollanta Humala, quien se desempeñó como presidente de Perú entre 2011-2016, y su esposa Nadine Heredia, debido a una investigación que se les sigue por presunto lavado de activos en la supuesta aportación irregular de la empresa brasileña Odebrecht en sus campañas electorales.
A través de una resolución, el juez Richard Concepción, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional, dictó auto de enjuiciamiento contra Humala y Heredia, para quienes la Fiscalía pide 20 y 26 años de cárcel, respectivamente.
Además de la expareja presidencial, en este caso también están implicados el hermano de la exprimera dama, Ilan Heredia Alarcón, y su madre, Antonia Alarcón, entre otros miembros de su círculo familiar y amical cercano, así como el Partido Nacionalista Peruano que preside Humala.
Con esta resolución, el juez declaró la validez formal del requerimiento acusatorio que presentó el fiscal anticorrupción Germán Juárez en mayo de 2019 y dispuso remitir la causa al Juzgado Penal Colegiado a fin de que fije la fecha para la celebración del juicio oral.
Acusación
Según la tesis del Ministerio Público, Humala y Heredia habrían recibido y ocultado dinero irregular de Odebrecht y del Gobierno de Venezuela para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011.
En este caso fue clave la declaración del exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata, quien reveló la entrega de 3 millones de dólares a la campaña del expresidente.
Durante la investigación de este caso, Humala y Heredia permanecieron en la cárcel durante 9 meses entre 2017 y 2018, cuando el Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación por discrepancias en el empleo de la prisión preventiva.
Otro caso en investigación
Esta investigación por lavado de activos es paralela al caso que se sigue contra Humala y Heredia por presuntos delitos vinculados a la concesión del Gasoducto Sur Peruano a un consorcio liderado por Odebrecht en 2014.
A raíz de este caso, Heredia fue impedida de salir de Perú y, desde setiembre de 2020 cumple una orden de detención domiciliaria, medida que su defensa pidió cambiar por comparecencia con restricciones.
Pero, según avanzó este viernes el diario El Comercio, el Poder Judicial declaró infundada esta solicitud del abogado de la imputada, a quien acusan de la comisión del delito de colusión y otros en agravio del Estado. EFE