Veintiséis países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentaron el viernes una declaración que denuncia la intensificación del “sufrimiento humano” en Nicaragua y exige la liberación inmediata de presos políticos en el país centroamericano.
La declaración destaca que la organización “no puede permanecer en silencio ante la tragedia que se está produciendo en Nicaragua”, en referencia a continua detención de “presos políticos”. Según la oposición, hay al menos 170 en el país desde protestas multitudinarias ocurridas en 2018.
Varios miembros de la comunidad internacional piden desde hace meses a Nicaragua que libere a todos los opositores al gobierno de Daniel Ortega, quien se declaró ganador de las elecciones del 7 de noviembre. En los comicios, Ortega logró un cuarto mandato consecutivo, el segundo junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo.
El viernes más de una docena de miembros del Consejo Permanente de la OEA condenaron y lamentaron el fallecimiento del exguerrillero sandinista Hugo Torres, quien pereció el 12 de febrero en una cárcel de Nicaragua. La declaración presentada destaca que Torres fue “mantenido en condiciones inhumanas”.
El representante permanente de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, condenó la reunión del viernes y declaró que “nuestra soberanía y validación no provienen de esta organización agonizante y vergonzosa, sino de la voluntad popular nicaragüense, de una patria libre”.
“Aquí lo que tenemos hoy es un ministerio de colonias totalmente arrodillado y postrado ante los Estados Unidos, ante sus amos,” dijo McFields.
El gobierno de Nicaragua anunció en noviembre que se retiraba de la OEA, el organismo hemisférico que reúne a 34 países de las Américas. El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada, dijo en rueda de prensa que su país se desvinculaba de la entidad por “sus reiteradas acciones injerencistas”. Sin embargo, la salida de la nación centroamericana del organismo puede tomar meses debido a procedimientos protocolares y acuerdos que deben cumplirse.
Nicaragua viene realizando juicios que según Estados Unidos son farsas judiciales contra los activistas antigubernamentales encarcelados desde antes de las elecciones del año pasado.
Los países que apoyaron la declaración leída el viernes son Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Trinidad y Tobago y Uruguay.
Mexico no apoyó la declaración al decir que la OEA no debe optar por medidas coercitivas sino más bien apostar por el diálogo con Nicaragua.
Berta Valle, esposa de Félix Maradiaga, uno de los siete aspirantes presidenciales que fueron encarcelados y a los que se les impidió participar en las elecciones de noviembre, habló en la reunión y dijo que hoy se cumplen 255 días desde que arrestaron a su marido. Maradiaga se encuentra en el cuarto día de un juicio “ilegal”, acusado con cargos “infundados y ridículos” como conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, dijo Valle.
“El régimen ha violado repetidamente su presunción de inocencia, denigrándoles como criminales,” dijo Valle en referencia a su marido y a otros que también están siendo juzgados.
Valle, al igual que la activista Bianca Jagger, denunciaron “condiciones infrahumanas” en las que los presos políticos son mantenidos en las cárceles. La salud de éstos empeora debido a la mala nutrición, al confinamiento solitario y a la falta de atención médica, dijeron. Jagger también dijo que se les tortura.
Stuardo Ralón, el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denunció que los actuales juicios a presos políticos ocurren de forma secreta.
“La CIDH ha documentado graves violaciones al debido proceso y garantías judiciales,” dijo Ralón. “Las personas acusadas han sido presentadas a juicio sin previo aviso y sin tener contacto con su defensor para después ser condenadas bajo penas desproporcionadas y acusaciones basadas en pruebas fabricadas.”
En diciembre el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que afirma que Nicaragua no cumple con los compromisos de la Carta Democrática Interamericana o la serie de medidas establecidas para garantizar el orden democrático en la región.
La resolución, aprobada por 25 países, instaba al gobierno de Ortega a poner en libertad a todos los presos políticos y a aceptar una misión de alto nivel autorizada por el Consejo Permanente de la OEA para ayudar a llevar a cabo reformas electorales.