Un general del ejército de Colombia se inculpó como máximo responsable del asesinato de unos 100 civiles a manos de militares a su mando que presentaron a las víctimas como guerrilleros caídos durante combate.
Pese a haber actuado «por omisión, asumo esta responsabilidad jurídica (…) en procura de que el pueblo colombiano nunca jamás, ¡nunca jamás!, vuelva a vivir estos lamentables momentos», dijo recientemente el oficial en retiro Paulino Coronado al término de una histórica audiencia cargada de simbolismo.
Ante un tribunal de paz y las víctimas en la ciudad de Ocaña, fronteriza con Venezuela, Coronado aceptó «no haber actuado diligentemente» en la vigilancia de los soldados que arrastraron a la muerte a campesinos o desempleados a punta de engaños.
Por su inculpación, Coronel quedó expuesto a las llamadas «penas restaurativas», como, por ejemplo, restricciones de movilidad o tareas comunitarias, que serán establecidas por los conocidos juzgados de paz.
Coronado, de 65 años y retirado hace 14 años, es el oficial de más alto rango del grupo de diez uniformados que desde el martes 26 de los corrientes cuentan la verdad y piden perdón por las ejecuciones de civiles en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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