Dos prestigiosos economistas estadounidenses, Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot, dicen que las sanciones que EEUU impuso a Venezuela en 2017 agravaron la crisis del país latinoamericano. Y lo dicen en un informe científico. Un informe con “evidencias engañosas” y sin alusión alguna al desastre perpetrado por el chavismo desde que llegó al poder.
Así lo demostraron en otro informe investigadores del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, dirigido por el economista venezolano Ricardo Hausmann.
Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot son dos de los economistas estadounidenses más famosos del mundo. Dos veteranos.
Sachs, de 64 años, es asesor de Naciones Unidas en desarrollo sostenible, y también un viejo conocido en Latinoamérica. Colaboró con el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en Bolivia para eliminar la inflación en 1985 y ha mantenido nexos con Venezuela por sus relaciones de amistad con el exministro de Carlos Andrés Pérez y el cerebro del exitoso programa económico de 1989, Miguel Rodríguez.
Por su parte, Weisbrot, de 65 años, codirector del Centro de Investigación en Economía y Política de Washington, ha sido polémico por su defensa del expresidente venezolano Hugo Chávez en medios como The New York Times, The Washington Post y USA Today, afirmando que sus políticas contribuyeron a mejorar el empleo y el ingreso real.
Sachs y Weisbrot también son colegas. Comparten ideales, así lo hacen en un reciente informe, la idea de que las sanciones que impuso la Administración de Donald Trump a Venezuela en agosto de 2017 “no han sido contra el gobierno, sino contra el pueblo”.
“Las sanciones redujeron la ingesta calórica, aumentaron las enfermedades y la mortalidad (tanto para adultos como niños), y desplazaron a millones de venezolanos del país, quienes huyeron como resultado del empeoramiento de la depresión económica y de la hiperinflación”, apunta el informe. Y añade: “Las sanciones infligieron, y causaron daños muy graves a la vida humana y a la salud, incluyendo un estimado de más de 40.000 muertes entre 2017-2018”.
Este estudio no fue bien recibido por el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard, dirigido por el economista venezolano Ricardo Hausmann, quien es además representante de Juan Guaidó, ante el Banco Interamericano de Desarrollo.
El centro de Hausmann lleva años analizando el colapso en Venezuela. Un desastre económico que empezó en 2013, pero que, en opinión del centro, fue engendrado desde los inicios del chavismo.
Santos, junto a sus compañeros José Morales y Sebastián Bustos, así como Dany Bahard, de la Brookings Institution, elaboraron un informe en el que contradicen las conclusiones de Sachs y Weisbrot.
“Si bien reconocemos la posibilidad de que las sanciones hayan tenido algún impacto en la producción de petróleo en Venezuela, nuestro análisis encuentra evidencias insuficientes para concluir que las sanciones fueron responsables del empeoramiento de la crisis socioeconómica”.
No sólo es que haya evidencias insuficientes. También hay “evidencias engañosas”, como apuntó Santos en una entrevista con CNN en Español.
El informe de Santos y los demás colaboradores añade que lo que “la evidencia parece indicar es que, en lugar de ser un resultado de las sanciones impuestas por los Estados Unidos, el sufrimiento y la devastación en Venezuela han sido infligidos por aquellos que están en el poder”.
¿Era 2017 un punto de quiebre?
La recesión de Venezuela comenzó en 2013. Desde entonces hasta 2016, la economía se contrajo 24,6% y la inflación se situó entre 745-1.340%.
Según Sachs y Weisbrot, 2017 supondría un punto de quiebre en esta tendencia a la baja pues Nicolás Maduro tenía la posibilidad de reestructurar la deuda en los mercados estadounidenses. Pero llegaron las sanciones de Trump y entonces fue imposible. Eso dicen.
“Las sanciones impidieron que la economía se recuperara de la profunda recesión que ya había tenido un alto costo para la población”, señalan los economistas.
Santos y sus colegas discrepan de esta afirmación. “Para el 25 de agosto -cuando entraron las sanciones en vigor- la capacidad del gobierno venezolano para emitir deuda ya estaba severamente limitada, si es que no era inexistente, y los inversionistas ya habían anticipado las sanciones o considerado su impacto inmaterial”.
Entonces ponen de ejemplo lo ocurrido en los mercados antes del 25 de agosto de 2017. Mercados, que como muestran los indicadores compartidos con otros países de América Latina y economías emergentes con tasas de riesgo país 10 puntos por debajo de la de Venezuela, estaban “cerrados” para el gobierno de Maduro. En la entrevista con CNN, Santos es más contundente y dice que por aquel entonces Venezuela estaba “expulsada de los mercados”.
Los indicadores del informe evidencian cómo el anuncio de las sanciones tampoco impactó en el riesgo soberano, y sí lo hizo tres meses después de las sanciones en 10%, cuando Maduro anunció la creación de una comisión presidencial para “refinanciar y reestructurar” la deuda externa.
Al respecto, también presentan la poca participación que tuvo la petrolera estatal, PDVSA, en los mercados estadounidenses antes de las sanciones. Sólo detectan dos operaciones: la primera, el 28 de septiembre de 2016, cuando ofrecieron a los tenedores de bonos de PDVSA 2017 un intercambio por un bono PDVSA 2020 garantizado por Citgo, su filial estadounidense. Y la segunda, a finales de mayo de 2017, cuando Maduro vendió a Goldman Sachs los bonos PDVSA 2022 que había emitido en 2014.
¿Qué pasa con la producción petrolera?
En las conclusiones, los investigadores del centro que dirige Hausmann reconocen el impacto de las sanciones en la principal fuente de divisas del país, el petróleo. En esto coinciden con Sachs y Weisbrot, pero con matices.
“Nuestro punto es que es imposible atribuir la caída en la producción petrolera a un solo evento (es decir, las sanciones), cuando muchos otros factores de confusión estaban sucediendo al mismo tiempo”, apunta el informe que firman los investigadores de Hausmann.
Este recuerda que, en agosto de 2017, en paralelo con las sanciones, hubo cambios en la directiva de la petrolera estatal. “El gobierno arrestó a 65 ejecutivos de la compañía, incluido el exjefe de PDVSA y el ministro de Energía, Eulogio del Pino, y el presidente de PDVSA, Nelson Martínez (este último murió en extrañas circunstancias el 12 de diciembre de 2018, mientras se encontraba bajo custodia).
Al mismo tiempo, el régimen venezolano designó al general de División Nelson Quevedo [en el informe lo llaman así, pero a quien realmente hacen referencia es a Manuel Quevedo] como ministro de Energía y presidente de PDVSA, un funcionario sin experiencia previa relevante para el puesto”.
Para el grupo de Hausmann estos eventos “probablemente moldearon las capacidades de producción de petróleo de PDVSA”, por lo que “no pueden ser ignorados en ningún análisis de las tendencias que prevalecieron alrededor de agosto de 2017”.
Sachs y Weisbrot ignoraron estas detenciones y la llegada del general Quevedo. También, en opinión del grupo de Hausnmann, cometieron un error metodológico a la hora de analizar la producción de petróleo en Venezuela poniendo en contraposición a Colombia.
“Encontrar contrafactuales es una tarea difícil, tal vez imposible para la producción petrolera venezolana. Colombia es un grupo de comparación interesante en el mejor de los casos, pero no contrafáctico.
Por otra parte, una elección diferente de grupo de comparación puede conducir a una inferencia muy diferente e igualmente espuria”, se lee en el informe del grupo de Hausmann.
Agregan que los problemas de producción de Venezuela no son un acontecimiento reciente. Vienen de lejos. De los inicios del chavismo. “Muchos analistas están de acuerdo en que la caída en la producción de petróleo no es más que la continuación de un declive de larga data cuyos orígenes se remontan a los despidos del presidente Hugo Chávez de más de 18.000 trabajadores petroleros después de la huelga nacional de 2003, que resultó en una gran pérdida de administración y capacidad técnica para la industria petrolera de Venezuela.
Otras cuentas también mencionan mala gestión, negligencia y corrupción como posibles explicaciones. A pesar de la prolongada bonanza de los productos básicos a principios de la década de 2000, la producción diaria de petróleo de Venezuela disminuyó 24% entre 2005 y 2016. Esta disminución se hizo aún más pronunciada durante la primera mitad de 2017, cuando la producción cayó en 242.000 barriles por día en comparación con el mismo período del año anterior”.
¿Las sanciones causaron 40.000 muertes?
La estimación que Sachs y Weisbrot incluyen en el informe sobre las muertes causadas por las sanciones -40.000, dicen, basándose en datos de universidades venezolanas- es quizá el punto más delicado del documento.
En un reportaje de Democracy Now, Sachs fue cuestionado por el dato de las 40.000 muertes. Este respondió: “Déjeme ser claro: nadie lo sabe. Este fue un cálculo muy básico, y muy simple, basado en estimados de universidades en Venezuela que indicaron que la mortalidad había aumentado en cierta proporción después de la imposición de las sanciones.
No quiero que nadie piense que estos números son precisos. Lo que ciertamente salta a la vista, sin embargo, es que hay una catástrofe humanitaria que Estados Unidos causó de forma deliberada mediante lo que yo calificaría como sanciones ilegales, pues están tratando deliberadamente de derribar un gobierno y tratando de crear caos con el propósito de derrocar un gobierno”.
Estas declaraciones también las contradijo Santos de forma personal en Twitter, diciendo que el dato, “el simple cálculo” que hace Sachs, es “una opinión política -válida como cualquiera- pero que quisieron disfrazarla de ciencia”. Esto último, en clara referencia al informe que Sachs firma con Weisbrot.
En el documento con el que Santos responde demuestra que la crisis humanitaria, las muertes, la escasez y las enfermedades no son consecuencia de las sanciones, sino del chavismo. “La disminución de la producción petrolera antes de las sanciones fue acompañada por un fuerte deterioro en las condiciones socioeconómicas desde al menos 2013 que no se observó en otros lugares de la región”.
Entre 2013 y 2016, las importaciones de medicamentos y equipos médicos cayeron 68%. En términos de ingesta calórica, el equipo de Hausmann detecta que, para agosto de 2017, justo antes de las sanciones, los venezolanos que ganan el salario mínimo sólo podrían pagar 56% de las necesidades dietéticas mínimas de una familia de cinco integrantes.
Esto es 92% menos calorías de lo que el salario mínimo podría comprar en enero de 2010.
La crisis humanitaria venía de atrás y las muertes también. “Entre 2013 y 2016, la mortalidad infantil en Venezuela creció 44% (de 15,4 a 22,2 muertes por 1.000 habitantes), al mismo tiempo que disminuyó en otras partes de la región”. Y esto Santos y sus colegas lo dicen basados en datos del Banco Mundial.
Entonces, ¿la crisis en Venezuela fue consecuencia de las sanciones?
Fuente: www.alnavio.com