Mediante comunicado de la Comisión Presidencial Alí Rodríguez Araque, de Pdvsa, el gobierno venezolano calificó de arbitraria e ilegal la orden del magistrado del distrito de Delaware (EEUU) Leonard Stark, de establecer un conjunto de procedimientos para una “pretendida venta judicial” de las acciones de Citgo.
El comunicado, emitido el 12-Oct, rechaza la “temeraria decisión, viciada de arbitrariedad y velada de parcialidad”, del juez que la dictó, a quien acusa de estar alineado con la empresa Crystalle International Corp. (Crystallex) y formar parte de un entramado internacional orientado por Estados Unidos, para expoliar bienes a la Nación.
El Gobierno acusa también la complicidad de Juan Guaidó y José Ignacio Hernández, por cuanto en contubernio con las autoridades estadounidenses y mediante fraudes procesales, pretenden justificar jurídicamente el despojo de los activos.
El gobierno de Venezuela alertó a la comunidad internacional sobre estas acciones que sientan un “peligroso precedente” relacionado con el vulnerable esquema de inversión extranjera en territorio estadounidense, al desconocer éste país el derecho de un Estado soberano “sobre sus activos e intereses patrimoniales”, en perjuicio de los intereses de los países y sectores inversionistas internacionales.
El comunicado remarcó que Venezuela no renunciará jamás a la legítima defensa de sus derechos y se reserva las acciones pertinentes ante las instancias y mecanismos internacionales que la asistan, con el firme propósito de rescatar y preservar el patrimonio de la República, cuyo único propietario es el pueblo.