Este martes la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la creación de un impuesto a los grandes patrimonios con el objetivo de “contribuir al equilibrio fiscal de la nación”, el cual cobrará hasta el 1,5 % a personas naturales con más de 250.000 euros de activos.
“Esta ley reconoce que en Venezuela sí existen grandes patrimonios, donde hay personas naturales y personas jurídicas que tienen patrimonios importantes y la ANC quiere que hagan un aporte a la nación a través de un impuesto y por eso se estipuló que las personas naturales que tengan por encima de 236 mil euros paguen su impuesto y contribuyan con la nación”, indicó Orlando Camacho.
Añadió que las personas jurídicas, empresas, sociedades anónimas y compañías con activo superior a 250 mil euros están sujetas a dicha ley, quedando exceptuados el Gobierno, alcaldías, gobernaciones y Comunas.
Camacho explicó que hay una metodología para calcular los activos, la cual consta del valor de catastro, que es lo que usan las alcaldías para valorar el metro cuadrado de los bienes inmuebles, “pero también puede utilizarse el precio del valor del mercado. Ese precio que aparece en las páginas web de las transacciones que se producen a diario, ese valor puede colocarse para poder tasar ese inmueble o el valor de actualización hecha por el Seniat”.
La ley incluye “bienes muebles, bienes inmuebles, vehículos de alta gama, motos de alta cilindrada, yates, aviones, joyas obras de arte, piedras preciosas, minerales, títulos valores, acciones”, detalló.
Resaltó que la ley excluye como activos para tasar la vivienda principal de cada ciudadano. “Si una vivienda pasa de 472 mil euros paga, aquellas que están por debajo quedan exentas” dijo; también quedan libres la ropa, zapatos, prestaciones sociales de los trabajadores, bienes de propiedad comunal, activos que se utilicen para la agricultura, la producción de alimentos y aquellas atribuciones que tiene el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela”.
“La tasa es progresiva del 0,25% anual hasta el 1,50% anual. Esta ley viene del año 2017, es la única que nos faltaba por aprobar”, recordó Camacho.