Rafael Ramírez, expresidente de la petrolera estatal venezolana Pdvsa denuncia que las condiciones bajo las cuales la empresa Chevron puede volver a operar en Venezuela suponen una «grave violación» de la Constitución.
«Por donde se mire, todos los términos de la licencia son absolutamente ilegales en relación a la ley venezolana», afirma Ramírez en una entrevista telemática con EFE desde Roma.
Ramírez se refiere a la «Licencia General 41», emitida el pasado sábado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que autoriza a Chevron a volver a producir y comercializar petróleo y derivados de forma limitada en Venezuela.
Washington «puede emitir la licencia que quiera», pero la administración de Nicolás Maduro no debe aceptar «que un país extranjero venga a decirte cómo vas a producir petróleo en tu propio país, saltando tus leyes», argumenta Ramírez.
Aceptar las condiciones de la licencia es «renunciar a nuestra soberanía», hacer de Venezuela «un país tutelado», y supone un «robo» al pueblo venezolano, afirma el exministro, de 59 años.
Ni imposición ni regalías
La licencia estadounidense prohíbe a Chevron pagar impuestos y regalías al Estado venezolano, e incluso dividendos a la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa). Además, le obliga a exportar el crudo únicamente a Estados Unidos.
Solo el hecho de que Chevron pueda producir crudo «por cuenta propia» contradice «el artículo 302 de la Carta Magna, que establece que las actividades primarias del petróleo (exploración, producción y exportación) están reservadas al Estado».
Por ello, la ley ha creado la figura de la empresa mixta, donde Pdvsa es socio mayoritario, pero que queda socavada si la petrolera norteamericana no paga dividendos a la estatal venezolana, explica.
Además, puesto que la Constitución impone el monopolio estatal también para la exportación del crudo, la exclusión de cualquier mercado que no sea el estadounidense es otra flagrante «violación» de la Ley fundamental.
En su opinión, este último punto supone además un retroceso frente a la «gran conquista de los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) durante la llamada revolución de los años 1970», cuando impusieron el monopolio estatal de su industria petrolífera con el fin de defender sus ingresos.
El problema, para Ramírez, es que Maduro «estaría desmantelando de un plumazo todo lo que han sido las conquistas en doctrina petrolera de nuestro país».
En este contexto, recuerda que el suyo es «un país centenario en producción de petróleo, que siempre estuvo en la OPEP a la vanguardia en los temas de los derechos de los países productores de petróleo».
«Hablo como exministro de Petróleo del país que fui durante doce años (2002-2014): es muy grave que una licencia pretenda condicionar o estar por encima de las leyes de la República y de la Constitución», insiste.
Foto: Ap News