El Gobierno de Sudáfrica presentó hoy un proyecto de ley para despenalizar la prostitución en el país, una medida defendida por el ministro de Justicia sudafricano, Ronald Lamola, para reducir las «violaciones de los derechos humanos» de los trabajadores sexuales y mejorar su acceso a servicios de salud.
«Criminalizar el trabajo sexual no ha detenido la venta o compra de sexo. En cualquier caso, ha significado mayores niveles de violencia contra los trabajadores sexuales», dijo Lamola este viernes en una rueda de prensa en Pretoria.
«Además, la criminalización ha afectado sobre todo a las mujeres. Las trabajadoras sexuales son las que se tienen que enfrentar a las fuerzas del orden, pero no los clientes masculinos», añadió.
Lamola espera que este movimiento brinde «mayor protección para los trabajadores sexuales, mejores condiciones de trabajo y menos discriminación y estigma».
Además, el Gobierno busca, después de despenalizar la prostitución, empezar a regularla «en una etapa posterior».
El Gabinete sudafricano ya aprobó la propuesta el pasado 30 de noviembre, según Lamola.
Este viernes, las autoridades del país compartieron en línea el proyecto de ley para que los ciudadanos envíen sus comentarios, que deben llegar antes del 31 de enero de 2023.
El portavoz del Consejo de Sudáfrica de Iglesias para el municipio metropolitano de Tshwane (que incluye a Pretoria, la capital del país), Joseph Chabangu, lamentó que el Gobierno no hiciese consultas con las autoridades religiosas para preparar del proyecto de ley.
Según Chabangu, si las mujeres del país «pudiesen conseguir un trabajo adecuado o si nuestro Gobierno pudiese ofrecer trabajos a nuestra gente», nunca escogerían trabajar como prostitutas.
«Los cristianos no tienen voz en nuestro país», aseguró.
La violencia es un problema recurrente en Sudáfrica, que aún trata de remontar la crisis económica que dejó la pandemia de coronavirus en un país que ya sufría problemas profundos de desigualdad, pobreza y desempleo.
La Policía sudafricana registró más de 6.420 asesinatos y 9.510 violaciones en tres meses, desde el pasado 1 de abril hasta el 30 de junio, según el Ministerio de Seguridad.
Mientras que 3.780 violaciones ocurrieron en los domicilios de los violadores o las víctimas, alrededor de 1.540 sucedieron en lugares públicos como calles, parques, playas y transportes colectivos.