Un jurado investigador de Manhattan ha votado a favor de presentar cargos contra Donald Trump por pagos realizados durante su campaña presidencial de 2016 para silenciar las acusaciones de un encuentro sexual extramarital, convirtiéndose en el primer proceso penal en contra de un expresidente de Estados Unidos y en una sacudida a las pretensiones de Trump de volver a la Casa Blanca en 2024.
La acusación formal, confirmada este jueves 30 de marzo por Joe Tacopina, un abogado de Trump, y por otras personas al tanto del asunto que no estaban autorizadas a discutir públicamente cargos penales que están bajo precinto, es un avance extraordinario después de años de investigaciones sobre sus tratos comerciales, políticos y personales. Es casi seguro que impulse a los críticos que dicen que Trump mintió y engañó para llegar a la cima, y que al mismo tiempo envalentone a sus partidarios que sienten que el republicano está siendo atacado injustamente por un fiscal demócrata.
Se tiene previsto que Trump, quien ha negado haber cometido delito alguno y ha atacado la pesquisa, se entregue a las autoridades la próxima semana, según una persona al tanto del asunto que no estaba autorizada a hablar de un asunto que sigue estando bajo precinto.
Al presentar los cargos, el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg está asumiendo un caso inusual que ha sido investigado por dos fiscales anteriores, quienes se negaron a tomar el arriesgado paso político de buscar cargos en contra de Trump.
En las semanas previas a su acusación formal, Trump arremetió contra la investigación en sus canales de redes sociales y llamó a sus simpatizantes a realizar protestas en su nombre, lo que obligó a reforzar la seguridad en las inmediaciones de la corte penal de Manhattan.
Trump enfrenta otros posibles riesgos legales mientras intenta reafirmar su control sobre el Partido Republicano y mantener a distancia a una serie de antiguos aliados que buscan competir contra él por la candidatura del partido a la presidencia.
El fiscal de distrito en Atlanta ha pasado dos años investigando los intentos de Trump y sus aliados de interferir en el conteo de votos en Georgia en 2020. Además, un fiscal especial del Departamento de Justicia investiga a Trump por conservar documentos presidenciales en su finca de Mar-a-Lago, en Florida, y por sus intentos de revertir su derrota electoral.
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