Según la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz) en 2022 se registraron en Venezuela 37 feminicidios de Niñas, de ellas 22 eran menores de cinco años.
Según especialistas que “cada nueve días murió una niña por feminicidio en Venezuela en 2022”, como afirmó el Cepaz) refleja la “profunda desprotección” de la infancia, afectada por la violencia multifactorial y la inexistencia de políticas públicas para prevenir agresiones y asesinatos, reseña El Nacional.
Aseguran que en los últimos años se han multiplicado los infanticidios (acción de dar muerte a niños de corta edad) de acuerdo con información puntual de instituciones del Estado, que sirven de ayuda para las ONG que hacen seguimiento.
También se apoyan en datos publicados por medios locales, pues no hay cifras globales oficiales al respecto.
El coordinador de la ONG Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, considera que la escasa información dificulta la atención y prevenir agresiones a niños y cuando no hay cifras oficiales, existe “debilidad institucional para dar respuesta”.
“Los niños están sufriendo una profunda desprotección y una de las principales afecciones de la desprotección es la violencia”, advirtió Trapani a EFE.
Violencia sin prevención
En junio de 2022, Osleyner, un niño de cinco años, fue asesinado a golpes por su padre, un hecho que no se evitó pese a varias alertas de vecinos preocupados, que informaron sobre el maltrato al menor.
“El niño murió a golpes, lo mataron, (su papá) lo mató a golpes (…) Tenía correazos, moretones en las piernas, en todo el cuerpo, y él (su papá) dijo que era porque el niño no quería comer más, no quiso comer más y él lo golpeó», contó a EFE Rachel Díaz, tía de Osleyner.
Aseguró que jamás supieron del maltrato que sufría el niño y que tuvieron que dejarlo bajo los cuidados del papá porque la madre del pequeño atravesaba un agresivo cáncer que le causó la muerte un mes después de conocer del asesinato.
El asesino admitió su culpabilidad y fue condenado en un juicio “rápido”, pero esto no sanó las heridas de esta familia, que cree que se pudo evitar.
CPI afirma que el gobierno no tendrá acceso a datos de las víctimas
Trapani aseguró que, aunque hubo un esfuerzo reciente del Estado para atender los hechos de violencia hacia menores, el reto actual implica la @intervención oportuna desde la prevención” para revertir efectos como las agresiones continuas y asesinatos.
“La familia está muy a la deriva, la escuela está muy debilitada, la sociedad está tratando de resolver su cotidianidad y no hemos tenido una mirada centrada en el niño, y mientras eso no cambie los contextos de violencia van a seguir incrementándose”, afirmó.
Sin estadísticas y programas
La falta de cifras sobre el número de niños asesinados obligó a organizaciones como Cecodap a hacer su propia data. Según esta ONG, entre 2017 y 2019 se registraron 3.738 muertes violentas de niños y adolescentes, y otros 17 fallecieron en 2020 a manos de un familiar directo, mientras que entre enero y julio de 2021, contabilizó la muerte de 33 menores por “violencia doméstica”.
A juicio de Trapani el desconocimiento de cifras oficiales deriva en el escaso desarrollo de políticas para atacar las fuentes principales de la violencia que afecta a la niñez.
“No hemos tenido una política pública entendida como esa estrategia lógica, integrada, sostenida, con indicadores, con objetivos, con recursos, con responsables, eso nunca lo hemos logrado. Siempre ha habido reacciones que son coyunturales, que atienden casos específicos, pero no responden a una estrategia nacional que permita revertir ese contexto de violencia”, dijo.
Agregó que «la ausencia de programas y servicios» de atención terapéutica y psicosocial, dirigidos a acompañar a sobrevivientes de agresiones y a las familias a afrontar hechos violentos, es otra debilidad que concluye en que “los niños que son víctimas de violencia están profundamente a la deriva”.
Organizaciones especializadas advierten que las respuestas deben ser estructurales y apuntar no solo a atender a las víctimas, sino a educar sobre la denuncia, a devolver la confianza en las instituciones y a promover la cultura de la prevención.
Fuente: El Nacional/EFE