El gobierno del presidente Joe Biden reanudará las deportaciones de migrantes venezolanos, el grupo más grande de extranjeros localizados en la frontera entre México y Estados Unidos el mes pasado.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, calificó la nueva medida como una de las “consecuencias estrictas” que el gobierno de Biden aplica en paralelo a la ampliación de las vías legales para los solicitantes de asilo.
“Nuestros dos países enfrentan el desafío de un nivel de migración sin precedente en todo nuestro hemisferio”, dijo Mayorkas desde Ciudad de México, donde participó en una reunión bilateral con sus pares mexicanos y otros altos funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado, Antony Blinken.
Se espera que el proceso comience a la brevedad, dijeron dos funcionarios estadounidenses a The Associated Press, aunque no proporcionaron detalles específicos sobre cuándo comenzarán a despegar los vuelos. Los funcionarios no estaban autorizados a revelar públicamente detalles del plan del gobierno antes de un anuncio oficial y hablaron con la AP bajo condición de anonimato.
La noticia llega poco después que el gobierno expandió el estatus de protección para los venezolanos que llegan a Estados Unidos. Refleja la estrategia más amplia de Biden de no sólo proporcionar vías legales ampliadas para los migrantes que llegan, sino también tomar medidas enérgicas contra quienes cruzan a Estados Unidos sin autorización legal.
Al hacer oficial la reciente ampliación de las protecciones, el gobierno de Biden había dicho esta misma semana que había determinado que “las condiciones extraordinarias y temporales siguen impidiendo que los ciudadanos venezolanos regresen en condiciones de seguridad”.
Venezuela se sumió en una crisis política, económica y humanitaria durante la última década, llevando al menos a 7,3 millones de personas a migrar y haciendo que los alimentos y otras necesidades sean inasequibles para quienes se quedan. La gran mayoría de quienes huyeron se establecieron en países vecinos de América Latina, pero muchos comenzaron a llegar a Estados Unidos en los últimos tres años luego de hacer un viaje a través del notoriamente peligroso Tapón del Darién, un tramo de selva entre Colombia y Panamá.
Mayorkas abordó el jueves el contraste en los anuncios con pocos días de diferencia, y dijo que “hemos tomado la determinación de que es seguro devolver a los ciudadanos venezolanos que llegaron a Estados Unidos después del 31 de julio y que no tienen una base legal para permanecer aquí”.
Blinken, el secretario de Estado estadounidense, añadió que “tenemos un compromiso férreo de brindar protección a quienes califican. Eso sigue siendo primordial en todo lo que estamos haciendo”.
El Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados criticó la medida de reanudar las deportaciones, y enfatizó la aparente contradicción con la ampliación del TPS.
“Devolver a miles de venezolanos a las mismas condiciones inimaginablemente peligrosas de las que acaban de huir es una política profundamente problemática para que la adopte el líder humanitario del mundo”, afirmó en un comunicado el director general de la organización, Krish O’Mara Vignarajah.
Los funcionarios estadounidenses no quisieron discutir detalles sobre la frecuencia con la que los vuelos de deportación llegarían a Venezuela, ni explicaron cómo es que Venezuela acordó aceptar el regreso de sus ciudadanos.
Sólo comentaron que Estados Unidos ha ha alentado durante mucho tiempo a Venezuela a aceptar el regreso de sus ciudadanos. Cuba, otro adversario de las autoridades estadounidenses, anunció a principios de este año que comenzaría a aceptar deportados cubanos, pero sólo ha habido un vuelo al mes.
Estados Unidos devolvía a algunos venezolanos a través de vuelos comerciales, pero en cantidades relativamente pequeñas y a través de terceros países.
En Caracas, el gobierno del presidente Nicolás Maduro dijo que había llegado a un acuerdo con funcionarios estadounidenses para una repatriación segura y ordenada.
“La migración venezolana de los últimos años es consecuencia directa de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo a nuestra economía que se nos ha infringido de manera ilegal, ilegitima y reñida con el derecho internacional y los postulados de las relaciones armónicas entre las naciones consagradas en la Carta de Naciones Unidas”, señaló la cancillería venezolana en la red social X, antes llamada Twitter.
AP