La Procuraduría General de Colombia informó que investigará la desaparición en el mar de cerca de 100 personas, en su mayoría migrantes venezolanos, ocurridas en varios naufragios desde 2022, pero muy especialmente el caso del 21 de octubre cuando una lancha zarpó con 35 ocupantes, entre ellos menores de edad y mujeres embarazadas, desde San Andrés hacia Corn Island en Nicaragua y nunca llegó.
La procuradora de Colombia, Margarita Cabello, indicó que designó una Agencia Especial para intervenir en el caso y que este equipo especial entrevistará a familiares de las víctimas y viajará a San Andrés y Nicaragua, respectivamente, para recabar datos sobre estos casos.
La decisión de la Procuraduría colombiana surge tras una solicitud del Comité de Familiares y Amigos de Los Migrantes Venezolanos Desaparecidos en Colombia, conformado por los parientes de estas víctimas, entre las que se encuentran 17 menores de edad y dos mujeres embarazadas.
A su vez, anunció que el organismo solicitó a las diferentes autoridades nacionales y territoriales (Fiscalía, Policía, Migración Colombia y Cancillería) el estado de las averiguaciones y activar a todas las autoridades para que los desaparecidos retornen a sus hogares.
“Vamos a apoyar a estas familias en todo, una situación así no puede pasar inadvertida en un país democrático como el nuestro. Debemos activar a todas las autoridades colombianas para que estos ciudadanos regresen con sus familias lo más pronto posible”, aseguró Cabello.
Cuatro son tachirenses
Tras la desaparición de la lancha hacia Corn Island con los 35 ocupantes, entre los que se encuentran cuatro tachirenses, sus familiares han resaltado las múltiples irregularidades del caso como el hallazgo de pasaportes en perfecto estado.
Incluso, familiares en el estado denunciaron haber recibido mensajes y emoticones burlones desde los teléfonos de los desaparecidos, en lo que consideran un intento por cansarlos y que dejen la búsqueda.
Desde la desaparición, se han dedicado a recaudar toda la información posible (fotos, audios, correos y mensajes de texto) enviadas por sus familiares previos a la desaparición y aseguran que, pese a haber acudido a todas las autoridades del archipiélago y a nivel nacional, sus solicitudes no habían sido tramitadas de manera oportuna, por lo que acudieron a la Procuraduría para poder encontrar respuestas y que se investigue a los responsables de estos viajes en embarcaciones.
Además de esta embarcación, el procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, viajará a San Andrés para verificar el estado de otros cuatro naufragios ocurridos entre 2022 y 2023, junto a los que se totalizan casi 100 migrantes desaparecidos de diferentes nacionalidades en tales percances.
Fuente: 800 Noticias