Reinaldo Gómez.- “Son total y absolutamente falsos los señalamientos que contra mí y contra algunas otras personas ha hecho a través de esta página web el señor Jesús Alfonso Torrellas, sino que, antes por el contrario, yo he sido incluso víctima hasta de su agresión física”.
Quien así se expresó ante esta redacción fue la señora Esmeralda Ruiz, a quien el antes citado Torrellas acusó de que, acompañada de algunos miembros del Consejo Comunal Ayacucho Centro, lo desalojó de su propia vivienda, concretamente de la casa signada con el N° 26-64, ubicada en la carrera 22 entre las calles 26 y 27 de Barquisimeto.
Precisamente, la señora Ruiz vino a nuestras oficinas de redacción acompañada de los señores Pastor Colmenares, Eva Hernández y Yesenia Martínez de Colls, todos ellos –dijeron- integrantes del antes citado consejo comunal.
-Para desnudar toda la falsedad de estos señalamientos –dijo la señora Ruiz-, debo comenzar expresando que este señor Torrellas jamás ni nunca ha vivido en esa casa, que, ciertamente, es propiedad de la sucesión Torrellas. Lo que ocurre es que él, y seguramente parte de su familia, necesitan la casa porque la están negociando para venderla a un comerciante árabe, pero resulta que yo vivo allí con mi menor hijo, y, como no me han podido sacar porque yo pago puntualmente mis cánones de arrendamiento por ante la Superintendencia de Inquilinato, andan desesperados por sacarme. Pero él toda la vida ha vivido en la urbanización Nueva Segovia de Barquisimeto, con su mamá.
-Y seguramente fue que, por eso, en una oportunidad, concretamente los días 16 y 17 de agosto pasados, él, junto con una hermana, una sobrina y otros familiares, me sacaron a mí y a mi pequeño hijo; me golpearon, me arrastraron y hasta perdí un diente en esa agresión.
¿Y a qué se debió tal agresión?
-Bueno, a que él seguramente piensa, o pensó, que yo me quería quedar con la casa, o apropiarme de ella, cuestión que no he pensado en ningún momento. -Lo que ocurre –dijo finalmente- es que él se hace la víctima en esta situación, una situación de la que, por cierto, ya puse en conocimiento de la Fiscalía del Ministerio Público, de la Prefectura de Iribarren, de la Defensoría del Pueblo, y del Instituto Regional de la Mujer (Iremujer).