Luego de hablar durante un mes sobre los principios del Gobierno Abierto y Transparente, ahora nos enfocaremos en los pilares en la cual esta tesis se basa y que se deben cumplir para la democratización real de los sistemas de gobiernos. E iniciaremos este proceso con la Rendición de Cuentas.
De acuerdo con las Naciones Unidas, y con los planteamientos defendidos por Transparencia Venezuela, la Rendición de Cuentas consiste en la existencia de normas, reglamentos y mecanismos que orienten el comportamiento de las autoridades electas y funcionarios en el ejercicio del poder público y el gasto de los recursos fiscales.
Estas mencionadas normas tienen que incluir los requisitos sobre que las decisiones sean plenamente motivadas y justificadas con toda la información puesta al acceso y disposición de la opinión pública, es decir del ciudadano. Debe existir protección para los denunciantes y mecanismos que permitan reaccionar a las revelaciones de irregularidades administrativas.
Los estándares de la Rendición de Cuentas, según la Open Government Standards, son los siguientes: Códigos de Conducta, Normas claras de Comportamiento, Mecanismos de Prevención de los Conflictos de Intereses, Declaraciones de Patrimonio, Transparencia y Regulación del Lobby, Mecanismos de Denuncias y protección para denunciantes, Transparencia en Compras Públicas y Adquisiciones y Organismos de supervisión/vigilancia independientes.
Cuando hablamos de las Normas de Conducta nos referimos a la normalización y la estructuración de reglamentos que moldeen el comportamiento de los funcionarios. Esto debe ser aplicado por las instituciones que garantizan la rendición de cuentas y la responsabilidad de los funcionarios públicos electos y no electos sobre sus actos y decisiones, asegurando el evitar la participación en las decisiones o sentencias afectadas por sus intereses privados.
Para la ONU, los funcionarios públicos también deben ser obligados por códigos de buena conducta administrativa a mantener un registro veraz y completo de sus acciones, definiendo un índice de todo proceso de toma de decisiones y los procesos legislativos que se lleven adelante, y la captura de todas las entradas en este tipo de mecanismos, lo que debería quedar reflejado en actas de las reuniones con cabilderos y representantes de grupos de interés.
En relación a los posibles conflictos de interés, en el proceso de toma de decisiones, se puedan evitar a través de un marco normativo claro y prácticas que aseguren que los funcionarios públicos no están comprometidos en las decisiones donde su juicio podría verse afectado por intereses privados.
Cuando se habla de la Declaración de Patrimonio, se plantea un sistema eficaz y transparente sobre divulgación de activos (declaración de patrimonio y/o bienes), crea un marco de actuación en el que el enriquecimiento ilícito durante el servicio público puede ser prevenido.
Con la aplicación de estos y muchas más normativas, y mediante una ciudadanía que exija el complimiento de una adecuada conducta por parte de los funcionarios, y que se involucre en el análisis de la Rendición de Cuenta de los funcionarios, podremos avanzar hacia sociedades más honestas, más transparentes, más abiertas y más democráticas.
María Alejandra Malaver / @malemalaver