Para el primer trimestre de 2024 se espera el pronunciamiento de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la continuación o no de la investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Entre estos casos está el del funcionario del CICPC, Óscar Pérez, y cinco compañeros, a quienes sectores del país aseguran que el gobierno asesinó el 15 de enero de 2018, tras rebelárseles en 2017.
La CPI decidirá la continuación o no de la investigación, luego de la apelación que realizaran en 2023 representantes de la administración Maduro, desestimando las pruebas presentadas por los defensores de los fallecidos.
La posición del gobierno asegura que Pérez era un terrorista a quien querían capturar vivo para que confesara quiénes estaban detrás de las acciones subversivas, pero abrió fuego contra las FAES, que lo rodearon en El Junquito, llegando incluso a herir a a 10 funcionarios, tres de ellos de gravedad.
En aquel momento, el entonces constituyente Diosdado Cabello desmintió que las autoridades hayan atacado primero a Pérez y a su grupo, y cuestionó que «viudos y viudas de la violencia» y «palangristas» defendieran a un «terrorista».
En octubre del año pasado, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) aceptó el caso que medios de comunicación del país identificaron «la Masacre de El Junquito», bajo el expediente 14.178.
Dos meses después ofreció sus conclusiones en las que señaló al Estado venezolano de ser “incompatible con las obligaciones internacionales y consideró que no se cumplió con el principio de absoluta necesidad ni se adoptaron medidas menos lesivas, lo que resultó en la ejecución extrajudicial de siete personas ya neutralizadas”.
En el informe se considera que la administración Maduro es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, a la libertad de conciencia y religión, y a la protección judicial.
Luego de estudiar el caso, la comisión destacó que “las víctimas fueron acorraladas y posteriormente ejecutadas, lo cual evidenció la violación del derecho a la vida y de la integridad personal”.
Ante sus conclusiones, recomendaron al Estado varias medidas de resarcimiento, como el reparo integral de las violaciones de derechos humanos, investigar de forma diligente y oportuna para identificar responsables y aplicar las sanciones correspondientes.
Recomendaron la capacitación de policías y militares para cumplir con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, incluida la fuerza letal.