La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la expulsión de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Venezuela e instó a la administración de Nicolás Maduro a «revertir de manera inmediata» la decisión.
En un comunicado la CIDH agregó a sus exigencias la liberación de Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, y solicitaron anuencia al Estado para realizar una visita al país.
«En los últimos años, el gobierno venezolano ha mostrado desidia con sus obligaciones internacionales, tratados y convenciones y la expulsión de organizaciones de la sociedad civil con presencia en el terreno e integrantes de misiones electorales. La reciente decisión de suspender las actividades de la oficina del Alto Comisionado de la ONU evidencia su rechazo al escrutinio internacional en materia de derechos humanos, lo que es particularmente grave en un país caracterizado por el cierre de todo espacio democrático y la ausencia del Estado de Derecho», señala el comunicado.
«La CIDH comparte las preocupaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU respecto del trato dado a personas percibidas como opositoras al gobierno. La Comisión ha documentado detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, la ausencia del debido proceso, encarcelamientos indefinidos y desapariciones forzadas de personas opositoras y defensores de derechos humanos», sentenciaron.
Los 13 empleados de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU dejaron Venezuela, luego de que la administración de Nicolás Maduro suspendiera el jueves pasado, 15 de febrero, las actividades de ese organismo entre acusaciones de presunto espionaje y conspiración desde el Ejecutivo.