Durante la mañana de este lunes 22 de abril, el Pacto Unitario de Gremios y Sindicatos del estado Lara acudió a la Defensoría del Pueblo en Barquisimeto para fijar posición en torno al Proyecto de Ley contra el Facismo y Neofacismo que fue aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional electa en 2020.
Alexis Ramos, y Julio María, abogado y miembro de la ONG, Movimiento Vinotinto y presidente del Sindicato de Empleados Públicos del Ejecutivo en el estado Lara (Seppel), respectivamente, coincidieron que en caso de aprobarse la Ley, se estaría cercenando los espacios cívicos en Venezuela.
Ramos, en su facultad de jurista, pidió a la defensora del pueblo en el estado Lara, a que no engavete el documento que fue entregado por los trabajadores de esta entidad del país, por lo que, a su vez, exige que en el país se han respetado los derechos de humanos de todos los ciudadanos.
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Añadió que esta ley vulnera otros derechos, como por ejemplo: el derecho a la asociación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a las reuniones públicas.
Ramos también precisó que con esta ley, el Estado venezolano tiene la facultad de decidir quiénes son los fascistas, y aplicar todo el peso de la misma, la cual incluye pena carcelaria.
Marín, al igual que Ramos, hace saber que este proyecto de Ley, aunque no se han legalizado, ya muchas personas tienen miedo de usar sus redes sociales, debido a que pueden ser objeto de persecución, por el simple hecho de expresar sus opiniones.
Además, el presidente de Sepeel, dijo que el rechazo a esta ley no es solo de las personas que no simpatizan con el gobierno de turno, sino también en las mismas filas del partido de gobierno, donde también hay temor en torno a esta ley.
Por Anderson Piña Pereira
Foto: APP