Provea denuncia "revisión ilegal de celulares" por parte de policías y militares < El Informador Venezuela
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Provea denuncia «revisión ilegal de celulares» por parte de policías y militares

La ONG Provea denunció este jueves la «revisión ilegal de celulares» que llevan a cabo policías y militares en Venezuela, un abuso que se ha vuelto común y que ha resultado en «detenciones injustificadas o sobornos arbitrarios», generando un clima de «miedo y desconfianza» entre la población.

A través de un mensaje en la red social X, Provea expresó: «No es normal tener que borrar mensajes, fotos, redes o cualquier contenido por miedo a que sea subversivo», al tiempo que subrayó que estas revisiones se realizan «sin orden judicial». La organización advirtió que la revisión de un teléfono sin una orden es «una violación directa» al derecho de privacidad, tal como lo establece la Constitución venezolana.

«La Constitución establece que el derecho a la privacidad es inviolable, y que toda intervención en las comunicaciones privadas debe estar autorizada por una orden judicial», manifestó Provea. Además, la ONG enfatizó que estas acciones van en contra del principio del «debido proceso», ya que toda persona tiene derecho a ser informada de los cargos por los cuales se le investiga y a tener acceso a un abogado defensor.

Provea instó a los venezolanos a no permitir que «el simple hecho de llevar un teléfono» se convierta en un «riesgo» para su libertad, y exhortó a la población a denunciar estas violaciones y exigir la actuación de los organismos del Estado.

Por otro lado, la ONG recordó que tras el anuncio oficial de las elecciones presidenciales, que resultaron en la reelección de Nicolás Maduro —considerada «fraudulenta» por la oposición y parte de la comunidad internacional— se registraron 25 muertes y más de 2,400 detenidos durante las protestas poselectorales, además de «al menos 50 personas desaparecidas» documentadas por Provea «en medio de la represión».

«Estos hechos son parte de una política sistemática de represión y persecución que busca silenciar las voces disidentes y controlar la narrativa del país», concluyó la organización.

 

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