El presidente Nicolás Maduro anunció la asignación de «una mina de oro en pleno proceso productivo» a cada gobernación para financiar su presupuesto, medida que excluye a las que están en manos opositoras: Nueva Esparta, Anzoátegui, Mérida y Táchira, donde los recursos serán manejados por los protectores nombrados por el Ejecutivo nacional.
Al respecto, representantes de los trabajadores de Ferrominera del Orinoco, rechazaron la decisión de Maduro porque consideran que no generará soluciones a la crisis venezolana y fomentará más corrupción.
El dirigente sindical de CVG Ferrominera, Degrain Marichales, cuestionó la medida del Ejecutivo y señaló que “el pueblo de Guayana está claro y también rechaza con contundencia ese tipo de órdenes”.
Por su parte, el analista político, Ricardo Ríos, considera que esta medida no solucionará la situación económica. Resaltó la labor del Ejecutivo por buscar soluciones a la problemática, pero afirmó que esta medida no generará beneficios para la nación.
Señaló que “esa es una sensación de desorden o desahogo económico que lejos de sosegarnos debe preocuparnos mucho. Hay una serie de debates subyacentes que debieron darse antes que se presentara eso como una solución”. Sostuvo que se deben buscar otras alternativas que permitan aliviar al país de los problemas financieros.
Maduro también informó que a partir del próximo mes de noviembre las gobernaciones y protectores de todo el país contarán con un millón de petros bimensual para que sea utilizado para el fortalecimiento y reimpulso del aparato productivo del país, para “moverse amplia y libremente en atender y satisfacer las necesidades de la región”.
Al respecto, el constituyente Jehyson Guzmán, quien funge como protector de Mérida y vicepresidente del PSUV para los estados Mérida y Trujillo, afirmó que esta “es una decisión sumamente importante porque proviene del gobierno nacional” y que “el presidente en medio del bloqueo económico sigue tomando decisiones para proteger al pueblo”.
La presidente de la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN), Dennis Fernández, rechazó la supuesta pretensión del gobierno de quitarle las “competencias” a los gobernadores de la oposición y señaló que “pretender soslayar y echar por tierra las competencias de un gobernador es desconocer la soberanía popular de los pueblos que decidieron tener esta representación ejecutiva en cada una de sus estados”.
Fernández aseguró que se trata de una violación a la Constitución y que los mandatarios regionales deben ser los responsables de las entidades.
Elizabeth Dávila H.