Este domingo unos 7,3 millones de bolivianos acudirán a las urnas para decidir si el presidente, Evo Morales, sigue en el poder por otros cinco años o eligen un nuevo Gobierno hasta 2025.
Morales y el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, concurren a los comicios en pos de una cuarta gestión consecutiva, en una candidatura cuya legalidad ha sido cuestionada por sus detractores por vulnerar el límite constitucional de dos mandatos y los resultados de un referendo que en 2016 les negó la reelección.
Un fallo del Tribunal Constitucional en 2017 es el sustento legal esgrimido por el oficialismo para defender la nueva postulación de ambos funcionarios, que también fue avalada por el órgano electoral pese a la protesta opositora, reseñó Unión Radio.
La dupla oficialista se enfrenta a una oposición fragmentada en ocho candidaturas, que no tuvieron en cuenta los llamados de plataformas ciudadanas contrarias a la reelección de Morales de unir fuerzas para enfrentar al actual gobernante con frente opositor unitario.
Incluso algunos críticos denuncia que hay candidaturas opositoras instigadas por el Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales para dividir el voto.
Entre estas ocho fórmulas opositoras, el candidato con mayores posibilidades de llevar a Morales a una segunda vuelta es el expresidente Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana.
El panorama expuesto por las encuestas electorales apunta a que Morales no conseguiría los porcentajes amplios a los que está acostumbrado desde 2005, cuando ganó la Presidencia por primera vez, quedando lejos de su techo electoral de algo más del 64 por ciento de los votos que logró en 2009.
El candidato oficialista ha apostado por destacar los logros económicos y sociales en sus más de 13 años de Gobierno, así como la estabilidad del país, a la hora de pedir el voto.
Por su parte, Mesa ha apelado con su lema electoral “Ya es demasiado” sobre todo por el hartazgo de muchos electores ante lo que consideran abusos del actual mandatario, empezando por no haber respetado la Constitución que él mismo promulgó en 2009 limitando los mandatos a dos consecutivos.