El Supremo Tribunal Federal (STF) retomó el 11Dic el juicio sobre el tratamiento del Marco Civil de Internet y la responsabilidad de las redes sociales en los contenidos publicados por los usuarios.
El magistrado Antonio Días Toffoli, está a favor de responsabilizar a las redes sociales por los contenidos ilegales publicados por los usuarios. Su posición es que las plataformas asumen la esponsabilidad por el contenido que publican, desde el momento en que se les notifica y no solo después de no cumplir con la orden judicial que se les llegue a emitir.
Otra demanda se refiere a la responsabilidad de los proveedores de aplicaciones o herramientas de Internet, por el contenido generado por los usuarios y la posibilidad de eliminar contenidos que puedan ofender derechos personales, incitar al odio o difundir noticias fraudulentas a partir de la notificación extrajudicial.
«Los proveedores de servicios de comunicación interfieren de forma preponderante en el flujo de información y deben responder por sus actos», manifestó Dias Toffoli.
Reconoció que, en estas hipótesis, los contenidos siguen siendo de terceros, pero al recomendarlos o impulsarlos a un número indefinido de usuarios, el proveedor acaba convirtiéndose en corresponsable por su difusión.
Toffoli considera que las redes están obligadas a eliminar el contenido ilegal de inmediato, sin esperar una orden judicial. Si mantienen las publicaciones, pueden ser considerados responsables ante los tribunales por los daños causados por mantener los mensajes de sus usuarios. La posibilidad de sanción también se aplica en caso de promoción de publicaciones ilegales y en caso de creación de perfiles falsos.
El ministro hizo un llamamiento para que los poderes Legislativo y Ejecutivo elaboren e implementen, en 18 meses, una política pública dirigida a enfrentar la violencia digital y desinformación.
La ley del marco civil de Internet, que entró en vigor en 2014, funciona como una especie de Constitución para el uso del escenario virtual en Brasil, pues establece principios, garantías, derechos y deberes para los usuarios y las empresas.
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