El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció este lunes que solicitará a la Fiscalía la aplicación de la «Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar» contra los diputados de la AN del 2015 por ejecutar una «acción dañina» contra Venezuela.
Los exparlamentarios que, según dijo, “se autodenominan la última institución democrática del país», han estado involucrados en actividades que son «ilegales e inconstitucionales», afirmó durante una reunión de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional (AN).
En particular, destacó la existencia de una «reunión secreta» que, según afirma, «se llevó a cabo en un baño de McDonald’s en Miami», en la cual se habrían tomado decisiones que «comprometen la soberanía y estabilidad del país».
El parlamentario cuestionó la «legitimidad» de los diputados, quienes han estado en funciones desde 2015, a pesar de que la Constitución venezolana establece un mandato de cinco años. Además, presentó una supuesta carta dirigida a Francisco Palmieri, jefe de la misión para Venezuela de Estados Unidos, con fecha del 19 de diciembre de 2024.
Rodriguez sostiene que el objetivo de esta carta «es continuar solicitando financiamiento para respaldar conspiraciones que buscan perjudicar a Venezuela y enriquecer los bolsillos de los diputados».
Aseguró que estos legisladores «han recibido ingresos millonarios» por medio de partidas presupuestarias que, a su juicio, «pertenecen al pueblo venezolano».
Por este motivo, pidió al Parlamento solicitar al fiscal general, Tarek William Saab, aplicar la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar a los diputados de la Asamblea Nacional de 2015 por «utilizar el dinero que pertenecen a los venezolanos». “Estos criminales deben ser llevados ante la justicia”, afirmó.
Según Rodríguez, la aplicación de la Ley implica la inhabilitación política, así como otras penas establecidas. También conduce a acciones de tipo penal por parte de la Fiscalía General de Venezuela.
«Utilizaron los dividendos de los activos de Citgo y las cuentas congeladas de manera ilegal e ilegítima en el exterior, para poder continuar viviendo la vida de ricos, famosos y reyezuelos que residen en España, en Estados Unidos y en otros países del mundo», reseña El Cooperante.
AC