Este junio miércoles 4 de junio, al menos ocho partidos de la oposición denunciaron a través de un comunicado conjunto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, de cometer un «golpe de Estado» después de anunciar su intención de viabilizar a través de decreto la consulta popular sobre la reforma laboral que fue rechazada por el Senado.
Para estas formaciones se trata de una «acción unilateral e inconstitucional» y han apelado a las principales instituciones judiciales del Estado a actuar. De concretarse la iniciativa de Petro, dicen, «representaría una violación grave, abierta, y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes».
«El Congreso de la república, como pilar de nuestra democracia, ejerció su función constitucional al no aprobar dicha consulta y esta decisión deber ser respetada», ha insistido la oposición en un comunicado firmado, entre otros, por Cambio Radical, Partido Conservador, Centro Democrático, o Partido de la U.
Las quejas de la oposición responden a la idea del presidente Petro de viabilizar a través de decreto presidencial la consulta popular de doce preguntas que a su juicio el Senado echó para atrás de forma fraudulenta.
«Voy a decretar la consulta. La Corte Constitucional tendrá en sus manos el decreto de convocatoria de consulta popular que haré esta semana. Sé que me va a caer todo y que voy a acelerar todas las amenazas que hay contra mí», dijo el martes durante la reunión con su gabinete.
El Senado tumbó a mediados de mayo un pliego de doce preguntas sobre la reforma laboral por 49 votos en contra y 47 a favor.
El Gobierno denunció que la votación se cerró de manera irregular y que Cepeda además permitió modificar el voto de uno de los senadores de la oposición una vez ya se había pronunciado. GC
Europa Press