En abril del año pasado, cuando enfrentaba un alzamiento militar en Venezuela, el gobierno socialista de Nicolás Maduro ordenó a los servicios de televisión pagada que suspendiesen las transmisiones de CNN y BBC.
DirectTV, que es propiedad de AT&T, acató la orden de inmediato, sacando del aire a los dos canales mientras en todo el mundo circulaban imágenes de camiones militares que la emprendían contra manifestantes.
Ahora, aumentan las presiones para que la empresa televisiva con base en Dallas se le plante firme a los censores del gobierno venezolano. En diciembre, funcionarios del Departamento de Estado se reunieron en Washington con ejecutivos de AT&T y los exhortaron a que ayuden a frenar la maquinaria propagandística de Maduro, según cinco personas al tanto de lo hablado.
El encuentro se produjo después de varios meses de contactos entre AT&T y la oposición venezolana, según los cinco individuos. Bajo un plan que promueve en coordinación con el gobierno estadounidense, DirectTV, la operadora televisiva más grande de Venezuela, reincorporará a su programación una media decena de canales de noticias internacionales que los reguladores venezolanos prohibieron en años recientes, de acuerdo con las fuentes.
La estrategia trae a la memoria las tácticas de la Guerra Fría de usar la información para combatir propaganda antiestadounidense y socavar gobiernos autoritarios. Pero en lugar de transmitir a otros países en forma clandestina contenido producido por el gobierno de los Estados Unidos, como hizo Radio Libre Europa en la antigua Unión Soviética, esta iniciativa consiste en presionar a una empresa privada para que restaure el acceso a medios noticiosos internacionales que ya habían tenido presencia en Venezuela por muchos años.
AT&T tiene una decisión difícil por delante: Acatar lo que diga el gobierno de Maduro, que Estados Unidos ya no reconoce y al que impuso severas sanciones, o plegarse al plan de la oposición y exponerse a que le confisquen sus instalaciones y a la pérdida de su licencia, dejando a unas 700 personas sin trabajo. Según documentos presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores, la empresa no necesita tener una presencia física en Venezuela para transmitir a esa nación. Podría hacerlo desde centros de transmisión de Argentina, Brasil o California, de acuerdo con esos documentos.
Los funcionarios estadounidenses y la oposición temen que DirectTV esté siendo usada para propagar programación de Maduro criticando a sus rivales políticos, que no tienen forma de responder, de acuerdo con los cinco individuos, que hablaron a condición de no ser identificados por lo delicado del tema. Una inquietud particular, indicaron, es la cadena privada Globovisión, que es parte de la programación de DirectTV. El canal ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la oposición lo acusa de propagar información falsa. Globovisión es cliente de AP.
El secretario de estado Mike Pompeo fue informado de estas gestiones y brindó un apoyo inicial a los planes de reclutar a DirectTV para que ayude a socavar el gobierno de Maduro, según dos informantes al tanto de esas conversaciones.
La planificación está recién empezando, señalaron los dos individuos, y es una de varias opciones que están siendo consideradas para presionar a Maduro, quien sigue controlando las riendas del poder a pesar de sanciones de Estados Unidos, que promueve la figura del líder opositor Juan Guaidó, reconocido por Wahington y unas 50 naciones como presidente interino de Venezuela.
Los dos individuos dijeron que no se ha tomado una decisión todavía en relación con hasta qué punto buscar la colaboración de AT&T, que resiste a pie firme toda iniciativa que comprometa sus operaciones en un país donde tiene el 44% del mercado, su presencia más grande en la región.
La división latinoamericana de DirectTV se abstuvo de comentar el tema.
La ampliación de la programación sería importante porque DirectTV llega a personas que dependen del gobierno, como las de barrios humildes de ciudades grandes y del interior, según David Smilde, de la Oficina de Washington para América Latina. Estos sectores no tienen acceso a otras fuentes de información.
“Esto no representaría una amenaza inmediata para Maduro, pero podría complicar a largo plazo la capacidad del gobierno de controlar la información”, dijo Smilde, quien ha pasado temporadas en Venezuela durante más de dos décadas. “Maduro podría confiscar equipo de DirectTV de las casas de la gente, pero esto sería una medida extraordinariamente impopular.
Una clave para la permanencia de Maduro en el poder es la así llamada hegemonía comunicacional: Decenas de diarios controlados por el Estado, cuentas en las redes sociales y canales de televisión que reemplazaron a organizaciones noticiosas privadas muy contrarias a su gobierno con una cobertura de 24 horas de Maduro.
El regulador de las comunicaciones, Conatel, amplió la brecha informativa cuando ordenó en el 2017 a las plataformas televisivas pagas, de las cuales DirectTV es la más grande, que elimine diez canales noticiosos internacionales, desde CNN en Español hasta NTN24 de Colombia, acusándolos de violar la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. La ley garantiza programación con responsabilidad social, pero ha sido criticada por organizaciones defensoras de la libertad de prensa que dicen que promueve la autocensura a partir de un lenguaje ambiguo y de castigos excesivos. Cuando el Conatel prohibió CNN en Español en el 2017, acusó a esa red de “agresiones directas que atentan contra la paz y la estabilidad democrática de nuestro pueblo venezolano, ya que generan un clima de intolerancia”.
Otra ley aprobada por la asamblea constituyente pro-Maduro en el 2017 amenaza con hasta 20 años de cárcel a todo que publique material que se considera promueve el odio.
“Los operadores de la televisión paga no son los que dan las órdenes”, expresó Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad de Caracas. “Pero son cómplices de un gobierno que censura”, agregó.
Las transmisiones internacionales de DirectTV y sus competidores llenaron hasta hace poco un vacío dejado por Globovisión, el último canal abierto crítico del gobierno, que fue vendido a un empresario allegado a Maduro en el 2013. Poco después de la compra, el canal suavizó su cobertura contra el gobierno. El nuevo dueño de Globovisión, el magnate Raúl Gorrín, fue acusado por fiscales de Miami en relación con un presunto lavado de dinero del que habrían participado hijastros de Maduro. Gorrín, quien fue incorporado hace poco a la lista de fugitivos más buscados del Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos, no respondió a preguntas de la AP.
Al intensificarse la censura del gobierno, aumentaron las presiones sobre los servicios de transmisiones privados, sobre todo DirectTV, la única empresa operada por una firma estadounidense sujeta a sanciones impuestas por el gobierno de Trump.
La semana pasada, las redes sociales de Venezuela se dispararon luego de que Carlos Vecchio, enviado de Guaidó a Washington, dijo que las sanciones de Estados Unidos forzarían a DirectTV a eliminar a la “traicionera” Globovisión de su programación.
El tuit de Vecchio estuvo acompañado por una foto de una orden del Departamento del Tesoro que daba a las empresas estadounidenses hasta el 21 de enero para suspender todas sus operaciones con la cadena privada más grande de Venezuela.
Pero en Venezuela, igual que en Estados Unidos, DirectTV está obligada a transmitir varios canales, incluido Globovisión.
Expertos dicen que las opciones que tiene el gobierno estadounidense para obligar a DirectTV a seguir sus pautas en Venezuela son limitadas.
Peter Kucik, abogado de Washington y exfuncionario del tesoro especializado en el cumplimiento de sanciones, dijo que los medios de prensa generalmente gozan de mayores concesiones porque Estados Unidos promueve el libre flujo de información, incluso en países con gobiernos autoritarios. En el caso de DirectTV, su decisión de acatar las órdenes de Maduro de retirar ciertos canales se produjo antes de que se bloquease al gobierno venezolano.
“Es un tema complejo, pero en general, ofrecer cualquier servicio al gobierno bloqueado de Maduro, incluidas medidas exigidas por el gobierno, pueden significar un fuerte riesgo de sanciones”, dijo Kucik.
Organizaciones defensoras de la libertad de prensa dice que en Venezuela hay una censura generalizada.
Desde que Maduro asumió la presidencia en el 2013, decenas de diarios y radios desaparecieron a un ritmo frenético, sobreviviendo sólo medios que siguen la línea del gobierno e ignoran temas como los abusos a los derechos humanos y una creciente desnutrición. La velocidad de la internet, en tanto, es una de las más bajas del mundo y el gobierno bloquea con frecuencia todo contenido antigubernamental.
Como consecuencia de esto los venezolanos no les han dado la espalda a los servicios de televisión pagada, que sigue siendo la principal fuente de noticias y de información.
Pero AT&T no gana dinero con su proveedor de servicios satelitales desde hace años, debido a los estrictos controles del gobierno que le hacen cobrar muy poco a sus suscriptores, el equivalente a 15 centavos de dólar por mes. La situación es tan delicada que en el 2012 DirectTV dejó de importar decodificadores, sacrificando su crecimiento. En el 2015 dijo que el valor de sus bienes en el país había bajado a 1.100 millones de dólares.
De todos modos, es la forma más barata de entretenimiento en un país devastado por una hiperinflación de 2 millones por ciento y su presencia en el mercado es la más grande de DirectTV en el mundo.
A diferencia de otras empresas estadounidenses –como General Motors, Kellogg Co. y Kimberly-Clark, que se fueron de Venezuela por la merma en sus ventas, las amenazas del gobierno y el peligro de sanciones– , AT&T se quedó, tal vez a la espera de un florecimiento de la economía o de un gobierno proempresarial, según un ejecutivo de las telecomunicaciones venezolano, que pidió no ser identificado por temor a represalias.
La empresa, por otro lado, no quiere abandonar su centro de transmisiones satelitales, que se encuentra en la cima de una colina llena de árboles con vista de Caracas, señaló el ejecutivo. DirectTV transmite aproximadamente un tercio de su programación a varias partes de Sudamérica desde ese sitio, según documentos de la firma.
La empresa no quiere ser vista como un títere de la política exterior estadounidense y apoyar abiertamente a Guaidó, de acuerdo con el ejecutivo de telecomunicaciones.
Una posibilidad que se barajó es que la Asamblea Nacional, que Estados Unidos y otros reconocen como la única institución legítima de Venezuela, aprueba una ley ordenándole que respete la constitución, que garantiza acceso a “información oportuna, veraz e imparcial, sin censura”.
Los mismos informantes dijeron que la semana pasada Guaidó pareció dar pasos en esa dirección al decir que pronto nombraría una junta de Conatel ad hoc para combatir “la propaganda de una dictadura que trata de distorsionar la realidad de lo que pasa en Venezuela”.
Algunos en Estados Unidos, no obstante, temen que si se presiona demasiado a AT&T, podría verse obligada a irse del país, algo que nadie quiere.
Si bien cuesta encontrar cobertura noticiosa crítica, otros canales ofrecen programaciones que promueven los valores de Estados Unidos y una visión del mundo años luz distante de las penurias diarias asociadas con una infraestructura que se viene abajo y con la escasez alimenticia que padecen los venezolanos. Eliminar esas fuentes aislaría más al país y haría que los venezolanos se acercasen más todavía al gobierno, sobre todo afuera de las grandes ciudades, de acuerdo incluso con los opositores al gobierno.
Andrés Izarra, exministro de Comunicaciones de Venezuela y creador de la cadena estatal regional Telesur, acepta que no hay diversidad de opiniones en la televisión, lo que impide a los venezolanos saber lo que pasa.
Pero Izarra duda que cualquier plan de abrir las transmisiones vaya a debilitar a Maduro.
“Esta parece una medida muy desesperada, dado que ninguna otra cosa ha funcionado. Pero no tendrá efecto alguno”, opinó Izarra, quien vive en el exilio tras romper con el gobierno. “Lo único que hará es permitir que Maduro se presente como una víctima de la agresión estadounidense”.