Tarek William Saab, fiscal general del Ministerio Público, informó este lunes la imputación de los funcionarios que actuaron en el presunto procedimiento que llevó al ajusticiamiento de cinco personas el 11 de junio en horas de la madrugada en el barrio El Limón, carretera vieja Caracas-La Guaira.
Saab aseguró que según la investigación Wilmer Yánez, Andry González, Pedro Salcedo, Arquímedes Fuenmayor y Roger Narváez, «se encontraban durmiendo en sus residencias cuando comisiones de las FAES irrumpieron violentamente en sus viviendas».
Wilmer Yánez, se desempeñaba como escolta de Iris Varela, ministra de Servicios Penitenciarios en el país.
El fiscal comentó que las víctimas fueron sacadas a la calle y luego los trasladaron hasta un sector boscoso de la barriada donde habrían sido ejecutados, esto fue visto incluso por varios vecinos de la comunidad, dijo.
«A través de estas actuaciones los fiscales constataron inconsistencias en las actas policiales, que informaban sobre un presunto enfrentamiento y establecieron la existencia de un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en la acción policial», contó.
Fiscales de la 49º Nacional con competencia plena y 81º del Área Metropolitana de Caracas con competencia en materia de Protección de Derechos Humanos llevaron a cabo la investigación en menos de una semana y dieron orden de aprehensión contra los implicados.
Familiares de sujetos abatidos por las FAES han denunciado desde la creación del órgano policial, que los hombres siempre son sacados de sus residencias mientras duermen y después aparecen muertos, en la morgue o en alguna residencia.
Los funcionarios Sandy Bracho, Juan Rondón, Kleiny Lemus y Antony Castellar fueron imputados por la presunta comisión de homicidio calificado por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica y simulación de hecho punible.
540 funcionarios imputados desde el 2017
Saab también informó que el Ministerio Público ha presentado 540 funcionarios de cuerpos de seguridad, así como contra 30 particulares como presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos desde el pasado 05 de agosto de 2017, desde su llegada al cargo de fiscal general.
Indicó que han privado de libertad 426 funcionarios y 19 particulares.
En total, han sido acusados 786 funcionarios y 113 particulares, a través de la presentación de 366 acusaciones asociadas a los delitos de homicidio, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio, entre otros.