En el contexto de las polémicas decisiones del TSJ sobre partidos políticos de oposición, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) dejó sin efecto este 17-J su decreto de 2017 que impidió la participación en las regionales de ese año, de organizaciones que ahora parecen desmanteladas.
«Se desaplica el decreto constituyente para la participación en procesos electorales de fecha 27 de diciembre de 2017, quedando exentas las organizaciones políticas sobre las que cursen recursos penales ante el sistema de justicia», reza el acuerdo de la ANC de este miércoles, argumentando que la intención es promover una «alta participación del pueblo venezolano» en los próximos comicios parlamentarios.
Para aquellas elecciones de gobernadores, organizaciones como Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular, que no habían participado en procesos eleccionarios anteriores, debían legitimarse ante el CNE con las firmas del 0.5% de su militancia inscrita en el registro electoral permanente, si querían acudir.
Ese dictamen queda ahora sin efecto justo cuando AD y PJ, por mandato judicial, quedan en manos de nuevas directivas, a todas luces no enfrentadas con la administración Maduro, misma suerte que podría correr Un Nuevo Tiempo, mientras que Voluntad Popular espera una decisión que la puede anular como partido político.
Con este nuevo escenario, la participación de la ‘oposición tradicional’ quedaría prácticamente anulada, mientras que ‘una nueva oposición’ tendría los caminos abiertos.🤨 No en vano, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, dijo:
«Hay un sector importante que no es parte de la revolución bolivariana que quisiera participar».
Además en la sesión, la Constituyente manifestó su respaldo a los nuevos rectores del CNE, en franca oposición a la Asamblea Nacional de mayoría opositora, que el martes 16-J no sólo los desconoció, sino que tachó de «farsa» las próximas elecciones parlamentarias, previstas para este año.
«No se reconocerá ni esta ni ninguna otra farsa electoral (…) como tampoco las actuaciones o resultados que se deriven de esas ilegítimas designaciones», apuntó la unicameral en el documento emitido tras la sesión celebrada por videoconferencia.
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