Recientes medidas de la administración Trump desafían los resultados de la elección presidencial y entorpecen una transferencia ordenada del poder, lo que para algunos analistas está ya creando un precedente histórico en EEUU.
El mandatario continúa presionando a sus abogados para que persigan desafíos legales que retrasarían la certificación formal de los resultados, mientras su entorno más cercano está dividido entre quienes le piden aceptarlos y quienes lo aupan a ir a la corte.
Medios internacionales, como CNN, citan fuentes según las cuales Jared Kushner, su yerno y principal asesor, y la primera dama, Melania Trump le aconsejaron lo primero. Importantes figuras del Partido Republicano quieren dar la batalla.
Algunos aseguran que el partido mismo se ha convertido en un poderoso brazo ejecutor, aunque dentro de sus filas no todos apoyen la causa, como el gobernador de Massachusetts, Charlie Barker, quien dijo estar “consternado al escuchar las afirmaciones infundadas del presidente y su equipo y de muchos otros funcionarios republicanos electos”.
Por su parte, Joe Biden calificó este 10-N como “una vergüenza” la actitud de Trump desde las elecciones, pero sostuvo que su equipo lleva adelante la transición de todas formas.
«(Trump) trata de crear una situación en la que pueda impugnar abiertamente el resultado, esperando a ver qué van a hacer los tribunales”, explica a BBC Mundo Joshua Sandman, profesor de ciencia política en la Universidad de New Haven experto en la Presidencia de EE UU.
“Si los tribunales apoyan los resultados, no tendrá más opción que hacerse a un lado”.
Medidas anti transición
No obstante, miembros de su equipo de transición han informado que su acceso a instalaciones del gobierno federal fue obstaculizada por una funcionaria designada por Trump, Emily Murphy.
El bloqueo de la transición impide al equipo de Biden incluso recibir llamadas de líderes extranjeros, intermediadas por el Departamento de Estado. Sugirieron que podrían iniciar acciones legales para revertir la situación.
Asimismo, la Casa Blanca instruyó a agencias federales a continuar con la preparación del presupuesto del gobierno para el próximo año fiscal en febrero, aunque el mandato de Trump finaliza el 20 de enero, informó el diario The Washington Post.
Pero la medida más controversial de Trump ha sido el despliegue del sistema judicial del país, luego de que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, (designado por Trump) permitió el 10-N que abogados del Departamento de Justicia investiguen acusaciones de irregularidades si estas son “claras”, “aparentemente creíbles”.
La orden significa la ruptura del tradicional esquema según el cual los estados se encargan de supervisar elecciones, sin injerencia del gobierno federal. Richard Pilger, el principal funcionario a cargo de supervisar esas investigaciones, renunció tras la medida.
Las pruebas
La mediática de EEUU fustiga a Trump por no presentar pruebas, pero él asegura que las presentará. Parte de las mismas serían obituarios de personas que aparecen votando.
Por lo pronto, la campaña del mandatario está planeando un bombardeo de mensajes para alimentar su argumento y generar tal duda en los resultados, que los funcionarios con competencia sientan presionados para abrir investigaciones o pedir por su cuenta recuentos.
De resultar así, eso prolongaría el proceso y daría a la campaña más tiempo para avanzar en su litigio, a través de los tribunales, asegura CNN.